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14 de Setiembre de 2018 07:34

 

Aprueban pedido de auditoría externa a gestión de Cuevas y Velaztiquí

Por Emilce Ramírez, corresponsal

PARAGUARÍ. La Junta Departamental de Paraguarí aprobó el pedido de auditoría de la administración de Miguel Cuevas (ANR), actual presidente de Diputados, y de su sucesor Óscar Alberto Velaztiquí, que completó el periodo hasta 2018.

El cuerpo legislativo departamental resolvió recomendar al ejecutivo departamental, Juan Carlos Baruja (ANR), una auditoría integral de gestión financiera y forense del periodo administrativo 2015 hasta agosto de 2018, que afecta a Cuevas y Velaztiquí.

La minuta fue presentada por el concejal departamental Emigdio Aliendre (ANR, cartista), quien había aprobado todas las ejecuciones presupuestarias de Cuevas y que fue reelegido en el cargo. Este edil, junto a otros colegas de Colorado Añeteté, pidió que se audite solo el periodo de Cuevas (2015-2017). El concejal Ramón González mocionó que, si se va a pedir una auditoría integral, se incluya también la de Velaztiquí.

Aliendre presentó la minuta en la sesión del miércoles último. Su pedido obedece a “reiteradas denuncias periodísticas con relación a la gestión administrativa y manejo de la cosa pública en la institución”. Asimismo, el edil argumentó que las denuncias en los medios de comunicación hablan de que estas supuestas irregularidades podrían afectar el patrimonio de la Gobernación.

Los concejales pidieron al gobernador Baruja —cartista y exministro de Agricultura— arbitrar los medios económicos necesarios para poder llevar adelante la recomendación de la Junta Departamental.

El concejal Aliendre manifestó que solicitaron auditoría externa porque el resultado de la emitida por la Contraloría no es confiable y que existen dudas sobre los resultados y, por ende, tampoco están de acuerdo con que el examen especial lo realice la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).

De 16 concejales, solo dos se abstuvieron: Juan Servín y Carmen Santacruz, ambos de Colorado Añeteté. Al respecto, Servín justificó su abstención alegando que existe una mala intención direccionada contra Cuevas y se quiere hacer gastar dinero a la Gobernación porque lo que se pide es una auditoría externa.

El servicio representaría el pago innecesario de unos G. 500 millones de fondos de la administración departamental. Incluso, la CGR ya había dictaminado sobre la gestión de Cuevas y concluyó que no hacía falta una nueva auditoría.

 

 
 

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