Para la máxima instancia judicial se acordó la creación de 140 nuevos cargos, atendiendo la construcción del Palacio de Justicia en la ciudad de Caaguazú que necesitará de personal, de lo contrario la institución no podría funcionar, según sostuvo el diputado Mario Cáceres, quien sugirió la ampliación. En total, para la Corte Suprema de Justicia se asignará 1 billón 278 mil millones de guaraníes y prevaleció el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.
Asimismo, se aprobó el otorgamiento de recursos para la contratación de 300 guardiacárceles, alimentos y otros rubros, mediante una ampliación de 17.000 millones de guaraníes sugerida por la diputada Olga Ferreira de López. Con esto el presupuesto para el Ministerio de Justicia quedó en G 309.000 millones. Los legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar la imagen del país en lo referente a políticas penitenciarias.
Para el 2015, el Ministerio de Salud Pública tendrá un presupuesto de G. 4.377.095.698.656, con una ampliación para nivelar los salarios de funcionarios permanentes, así como la creación de nuevos cargos. El tratamiento del presupuesto para salud no estuvo ajeno a críticas hacia el ministro Antonio Barrios, para quien incluso pidieron la interpelación por solicitar vía nota el rechazo a la nueva matriz salarial
El presupuesto para el Ministerio de Obras Públicas contempla transferencias por un total de G. 102.000 millones para gobernaciones, sobretodo para paliar los problemas que afectan a los caminos rurales, mientras se aguardan los proyectos a ser ejecutados mediante la ley de Alianza Público Privada.
Asimismo, se destaca una ampliación de G 11.000 millones para el Ministerio del Interior, que será destinada a la Dirección de Migraciones y de esta manera mejorar sus funcionalidades. En total, al Ministerio del Interior le corresponde la suma de poco más de 2,4 billones de guaraníes.
El Ejecutivo plantea un proyecto de poco más de 62 billones de guaraníes (US$ 13.594 millones), con un déficit de 1,5% del PIB ajustado a la ley de responsabilidad fiscal. El texto no contempla un aumento salarial general, pero prevé una nueva matriz salarial que unifica el sueldo y todos los beneficios extraordinarios - muy cuestionado por los legisladores de la oposición porque implica un simple blanqueo de beneficios-, pero no registra ningún recorte.