Archivan reglamentación del juicio político

Durante un extenso debate en la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja, los legisladores decidieron enviar al archivo la reglamentación al juicio político, norma legal con la cual había sido destituido del cargo en 2012 el entonces presidente Fernando Lugo en un juicio que duró 48 horas.

La propuesta fue presentada por el diputado Víctor Ríos (PLRA) en el mismo año de la destitución del Lugo. La propuesta de reglamentación incluía, entre otras cosas, conformar un tribunal encargado de juzgar las denuncias contra el presidente o vicepresidente de la República, el cual estaría encabezado por el titular de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, el proyecto definía un plazo de 18 días para la preparación de la defensa de la autoridad acusada, con lo cual se intentaba evitar un nuevo “juicio express”.

Sin embargo, la Comisión de Legislación de Diputados, presidida por Bernado Villalba (ANR), recomendó el rechazo de la propuesta, bajo el argumento de que la misma contradecía mandatos establecidos en la Constitución.

“El proyecto tiene falencias que colisionan con el debido proceso y atropella principios constitucionales como intromisión de un poder del Estado con otro”, explicó durante la sesión.

También recordó que el proyecto establece que la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados será el primer encargado de estudiar y juzgar las acusaciones, y aseveró que esto, por Constitución, le corresponde al  Senado.

También dijo que la Carta Magna dispone que los 45 senadores se encarguen de juzgar al acusado, lo que se omitiría con la propuesta, pues el presidente de la Corte sería el encargado de juzgar las pruebas. “Esto es una intromisión de un poder a otro”, aseveró.

Sin embargo, reconoció que “la propuesta viene a intentar ‘bachear’ a nuestro sistema procesal”.

Ante estas declaraciones, el proyectista, Víctor Ríos, afirmó que su propuesta busca establecer un proceso claro para la defensa y dar así garantías al procesado, principalmente en lo que refiere al tiempo para la preparación de la defensa y los encargados de juzgarlo.

Uno de los que se mostró en contra de la propuesta fue el diputado colorado Óscar Tuma, quien afirmó que el artículo 225 de la Constitución Nacional, referente al juicio político, cumple con todos los requisitos para garantizar un justo procedimiento.

Asimismo, se opuso a definir un plazo para la defensa, bajo el argumento de que el Senado tiene la potestad de fijarlo, de acuerdo al contexto social.

Tuma indicó que un largo proceso de destitución a un mandatario dejó consecuencias negativas como el marzo paraguayo de 1999, oportunidad en que varios jóvenes fallecieron durante manifestaciones en plazas capitalinas.

Durante la votación, el proyecto no contó con los votos necesarios y fue remitido al archivo.