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Armados por orden fiscal

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La jueza Carmen Colmán responsabilizó al Ministerio Público por el ingreso de agentes armados al Centro Educativo de Itauguá. De acuerdo a la magistrada, en dicho procedimiento se respetaron los protocolos relacionados al tratamiento de adolescentes.

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La jueza de la Niñez y Adolescencia de Luque respondió a los cuestionamientos del Ministerio de Justicia con relación a un operativo desplegado hoy con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas fuertemente armados y canes detectores, en el marco de una denuncia efectuada por una madre sobre supuesto consumo de sustancias en el establecimiento en cuestión.

Colmán explicó que la parte operativa estuvo a cargo del Ministerio Público, representado por la fiscala Lourdes Bobadilla, quien solicitó el acompañamiento de los agentes antidrogas. La jueza también estuvo presente a efectos de garantizar el cumplimiento de la revisión respetando los derechos y garantías de los adolescentes.

La magistrada sostuvo que si bien hubo agentes con armas de fuego, estos se encargaron de custodiar el exterior del Centro Educativo “para evitar eventuales fugas, ellos no ingresaron a los pabellones, por lo tanto no tuvieron contacto alguno con los adolescentes”, remarcó.

Acerca del resultado del cateo, la jueza detalló que no encontraron drogas, pero sí elementos punzantes, algunas pipas y muchas colillas de cigarrillos, entre otros elementos. Durante la recorrida se comprobó además que existe una cantina que vende cigarrillos a los menores, situación que será denunciada tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado con severos cuestionamientos al operativo, al que se calificó de ilegal, debido a que en el CEI están prohibidas las armas de fuego. Por esta razón se evaluará la posibilidad de denunciar el hecho ante la Corte Suprema y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“A pesar del irregular procedimiento, las autoridades del Centro Educativo, así como los adolescentes que permanecen en la Institución, cooperaron en todo momento con la comitiva fiscal y judicial, aunque en el procedimiento algunas pertenencias sufrieron daños”, dice el Ministerio.

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