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“Arreglar las mesas cuesta US$ 5.000, US$ 1.000 por veedor, US$ 1.000 a los miembros designados tiempo antes por la Junta Cívica, entonces son visitados por una nomenclatura; ahí ya no hay colorados y liberales, ya es parte de un establishment que busca mantener a pesar de las polcas y los trapos, entonces le hacen firmar predeterminadamente las actas”, comentó Cubas, quien formalmente promovió ante la Fiscalía una denuncia por fraude.
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Según siguió detallando, ya en las Juntas Cívicas -encargadas de recibir y resguardar los útiles electorales antes del días de la votación- en complicidad con los veedores llenan de antemano las actas.
“Cuando ese ciudadano va a las mesas, ya no firma (el miembro de mesa) las actas resultantes de esa elección. Fíjense que ninguno de nosotros hemos podido recibir los Certificados de Resultados que tenían los apoderados de los dos partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque diferían radicalmente sus certificados de resultados con aquellos transmitidos por el supuestamente preciso TREP”, denunció.
No obstante, comentó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) “es parte del esquema”, ya que -según afirma- en Ciudad del Este, los encargados de trasmitir los resultados al no dar abasto delegaban la responsabilidad a funcionarios del tribunal de la zona, que ya cargaban las actas “dibujadas” con antelación.
La denuncia la realizó durante una audiencia pública en el Congreso sobre el sistema de elecciones y mecanismos para evitar el fraude electoral.