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Además, tienen la obligación de presentarse al juzgado durante los primeros cinco días de cada mes, entre otras medidas de conducta impuestas a los imputados por el hecho punible de producción de documentos no auténticos y lesión de confianza.
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Estos dos funcionarios de Itaipú Binacional estarían detrás de un millonario desfalco de G. 50.000 millones a la Caja Mutual de Empleados, que se habría consumado entre 2013 y 2016.
Según la imputación, la Asociación sufrió un desplome por incumplimientos y malos manejos. Entre las irregularidades detectadas se destacan pagarés en blanco otorgados, concesión de préstamos millonarios sin que se reúnan las mínimas condiciones, sobrefacturación por obras no ejecutadas, vicios en conciliaciones bancarias, uniformidad y falsificación de registros contables.
También se reveló la compra de “bocaditos de oro”, ya que por la adquisición de unas 500 unidades se pagaron G. 17.000.000, algo inconcebible. Supuestamente, cada bocadito costó G. 34.000.