La defensa de Arrom promovió una acción de recusación, rechazo inlímine y suspensión de todo trámite en el marco de la querella presentada por Aquino, por su declaración ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el juicio contra el Estado Paraguayo por el caso Juan Arrom y Anuncio Martí.
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De acuerdo al escrito la querella debe ser rechazada por “su notoria improcedencia”. El argumento es que las declaraciones que motivaron el proceso por supuesta difamación fueron expresadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH), pero fuera del país y “de acuerdo al artículo 9 del Código Penal, se establece que se debía realizar un trámite previo para admitir este juicio”.
El ministro de Inteligencia Aquino reclama G. 850 millones como reparación por las afirmaciones de Cristina Arrom, quien lo señaló como supuesto integrante del grupo que presuntamente secuestró a su hermano Juan, junto con Anuncio Martí.
La defensa de Arrom también recusó a la jueza Blanca Gorostiaga por sospechas de su parcialidad en el caso.