Al inicio de la audiencia que se desarrolla a estas horas, Silvia Serrano, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el 17 de enero de 2003, Juan Arrom y Anuncio Martí desaparecieron de sus actividades cotidianas. Agregó que, conforme a la descripción de ambos, fueron abordados, introducidos a vehículos y conducidos a sitios clandestinos donde fueron golpeados y sometidos a múltiples actos de violencia física y psicológica.
Señaló que los dos narraron que fueron interrogados sobre su actividad política y participación en un secuestro y permanecieron detenidos hasta el 30 de enero de 2002, cuando supuestamente fueron rescatados por sus familiares.
“Conforme a múltiples elementos probatorios y certificados médicos, al momento de su rescate las víctimas presentaban marcas de haber sido sometidas a actos severos contra su integridad personal. Estos hechos se encuentran al día de hoy en situación de impunidad”, manifestó al inicio de la audiencia.
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Asimismo, señaló que la Comisión Interamericana estableció que lo ocurrido a las víctimas fue una “desaparición forzada durante la cual se cometieron actos calificados como tortura”. Alegó que se basaron en que todos los elementos constitutivos de estas “violaciones de derechos humanos” se encuentran presentes en el caso.
“En cuanto a la desaparición forzada, los elementos de privación de libertad y encubrimiento. En cuanto a la tortura, la severidad, intencionalidad y finalidad. En ambos, el elemento común, es la participación de agentes estatales”, agregó. Sobre este último punto, la Comisión destaca que surgieron fuertes indicios de participación de agentes estatales, de distintos niveles y cargos en lo sucedido a las victimas, “los cuales se sustentan en distintas fuentes”.
Afirman además que estos indicios no fueron analizados por el Estado paraguayo mediante una investigación diligente y efectiva que cumpliera con estándares americanos en materia de verdad y justicia.
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Sobre todo, destacó que la Comisión concluyó que la investigación penal que culminó con el sobreseimiento por parte del Ministerio Público y sin control Judicial tuvo las siguientes faltas: no fue iniciada de oficio, se incumplieron los estándares mínimos de debida diligencia ante un hecho de tortura y desaparición forzada y frente a indicios de participación de agentes estatales. “Se trasladó indebidamente la carga de prueba a las víctimas; no se brindaron garantías suficientes de independencia funcional, no fue conducida de manera imparcial”, puntualizó.
Por esos motivos, finalizó, la Comisión decidió brindar la calificación jurídica de los hechos como “desaparición forzada y tortura”, además de enviar un informe y recomendaciones al Estado Paraguayo, el cual rechazó las conclusiones. Por esto último, decidieron someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “por la obtención de justicia y reparación de daños”.
Luego de la declaración de la representante de la Comisión, Arrom brindó su testimonio y realizó todo el relato de lo sucedido durante los días en que supuestamente estuvo cautivo junto con su compañero de movimiento. Aseguró que el objetivo era inculparlos de formar parte del secuestro de María Edith Bordón y miembros del Estado y policías participaron de su secuestro.
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Por otra parte, confirmó que no agotó todas las instancias judiciales en nuestro país, como recusar a los fiscales, pese a que aseguró que no cumplieron con el debido proceso para investigar el caso.
A estas horas, la audiencia sigue desarrollándose en San José, Costa Rica, con la presencia de representantes del Estado, como el propio presidente Mario Abdo Benítez y las víctimas de secuestro, María Edith Bordón y Fidel Zavala.
Arrom y Martí exigen al Gobierno nacional una indemnización de 63 millones de dólares, además de varias otras “reinvindicaciones”, como que algunas calles y museos lleven sus nombres.
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