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“Hoy tenemos catastrados 140.000 a 150.000 contribuyentes. Cuando nosotros arribamos, la morosidad estaba al orden del 51%; hoy hemos reducido ese porcentaje, esa brecha, aproximadamente un 35%, pero lo que queremos con esta consultoría es tratar de reducir esa brecha entre lo facturado y lo efectivamente cobrado”, indicó Braulio Ferreira, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción.
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“Nuestro sueño es llegar efectivamente a un 90% de lo facturado y depurar la base de datos de contribuyentes”, afirmó Ferreira, defendiendo la controvertida medida propuesta por la Comuna capitalina, que -insisten- no es una “privatización” sino una “consultoría”.
“Hoy, esos 145.000 (contribuyentes) no sabemos si son 180.000 o 120.000 y lo que queremos es contar con información de primera mano y con elementos tecnológicos que tenemos al alcance para poder hacer un servicio más eficiente”, insistió.
Ferreira afirma que quienes ya cumplen con el pago de sus impuestos no deben preocuparse, pero sí los que no pagan o evaden impuestos al tener declarados inmuebles como baldíos, pero en realidad tienen residencias o edificaciones.
Igualmente, dijo que “el contribuyente no va a tener una recarga” por el servicio que brindará el consorcio TX (Grupo TX SA y Gaudi SA) y que está empresa solamente cobrará un 27,7% de lo recaudado sobre ese porcentaje que anteriormente era incobrable.
Reconoció que en la propia municipalidad “hay gente que busca crear problemas para vender soluciones, ese sistema de dolo, de corrupción es el que queremos evitar” con un sistema informático que tenga todos los datos y haga más eficiente la labor de los funcionarios.
El concejal Álvaro Grau (Patria Querida), crítico ante la intención del municipio, cuestionó el intento de adjudicación afirmando que la licitación tiene sospechas de amaño, ya que en dos ocasiones se realizaron adendas, aparentemente para favorecer al consorcio TX. También dijo que la empresa internacional estaría cobrando un alto beneficio sin correr ningún riesgo.
Ferreira negó las acusaciones de irregularidades en la licitación diciendo que todo fue aprobado por la Junta Municipal y que los ajustes que se hicieron al llamado licitatorio se realizaron en consulta con las empresas oferentes.
También difirió en el tema del riesgo que implica para la empresa, ya que deberá invertir en equipamiento (como por ejemplo para montar una base de datos de catastro actualizada) y no cobrarán a menos que mejoren la recaudación actual.