Luego de la polémica surgida con la controvertida acción de inconstitucionalidad planteada por la Corte Suprema de Justicia para su propio beneficio, la asesora jurídica Mirtha Morínigo de Florentín salió al paso de los cuestionamientos y negó que la inconstitucionalidad pretenda evitar el cumplimiento de la ley, tanto de ministros y magistrados como de funcionarios del Poder Judicial.
La abogada insistió en que la postura institucional es la de cumplir con el requerimiento de la declaración jurada de bienes y renta, e incluso promueve sumarios a quienes incumplen con tal normativa. Sin embargo, refirió que la acción de la máxima instancia judicial ataca artículos que suponen inconvenientes de forma en el pedido mencionado.
El cuestionamiento principal apunta a que el formulario de declaración jurada incluye ítems que no se mencionan en la Constitución Nacional, como el estado de deudas o gravámenes que soporta el patrimonio de un funcionario del Poder Judicial. Además se oponen a que, en el formulario, se exijan datos patrimoniales del cónyuge, incluso cuando no sea funcionario público.
Añade que este punto atenta contra el derecho a la intimidad de las personas, cuando están exentas del bien público. Morínigo recalcó que la Carta Magna no obliga a declarar los pasivos o gastos de los funcionarios, solo requiere la declaración jurada de bienes y renta.
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“Como institución no nos negamos, porque es una obligación, pero se cuestiona la forma en que la Contraloría reguló el formulario y los artículos de la ley”, dijo. La acción no escapó a los cuestionamientos.