El proyecto de ley aprobado con modificaciones este martes recibió también el apoyo de -el pasado 11 de junio- de la Cámara de Diputados, antes de que asumieran los actuales legisladores de la Cámara Baja. Ahora el documento volverá a Diputados para ser estudiado por los nuevos representantes de dicha Cámara.
Los senadores, luego de aprobar con modificaciones la normativa y cuando se encontraban en pleno tratamiento del proyecto para analizarlo artículo por artículo, dejaron la sesión sin cuórum.
Existen sectores de la sociedad que están en contra de esta normativa, como por ejemplo centrales de trabajadores que alegan que con esta ley "se venderá" el país a los empresarios.
Asimismo, las bancadas del Frente Guasu (FG), y del Partido Demócrata Progresista (PDP), Avanza País (AP) y algunos del Partido Liberal, se manifestaron en contra de esta normativa porque entre otros puntos señalaron que se "comprometen" los bienes y patrimonio del Estado.
Esperanza Martínez dijo que con este proyecto de ley ¨se lesiona de manera flagrante la constitución", porque se le quita facultades al Congreso. En el mismo sentido se pronunció Desirée Masi, quien advirtió que con esta ley se le da al Ejecutivo "un cheque en blanco".
Con esta medida, las obras de infraestructura serán impulsadas por el Gobierno y por empresas privadas, y las acciones se darían en distintas áreas de servicios públicos, como por ejemplo las obras aeroportuarias, portuarias, de navegabilidad y mantenimiento así como el mejoramiento de servicios de agua potable, saneamiento y electricidad, según explicó durante la sesión el senador Enrique Bachetta (ANR).
Para Bachetta, esta ley no constituye una "privatización" de las instituciones del Estado, como lo afirman otros sectores.
Tiene por objetivo establecer normas y medidas para promover las inversiones en la infraestructura pública y en la prestación de los servicios a través de la participación público-privada. Posibilita el uso de los fideicomisos.
Todo contrato deberá contemplar un plazo máximo de 30 años, incluyendo sus prórrogas. Las obras incluidas son: infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, de navegación fluvial, eléctrica, entre otras.