Durante su estancia en Asunción, los líderes de esas comunidades fueron recibidos por diversas autoridades del Estado, que según ellos no actúa contra esas prácticas, tal y como dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No quieren abordar el punto central de las medidas dispuestas por la Comisión Interamericana que consiste en frenar la deforestación en territorio indígena porque significa no dar más licencias ambientales a firmas ganaderas”, dijo a Efe Julio Duarte, abogado representante de los ayoreo totobiegosode.
Duarte se reunió, junto a los líderes indígenas, con el viceministro de Relaciones Exteriores, Óscar Cabello, y con el presidente del Instituto Nacional del Indígena, Aldo Zaldivar, en la sede de la Cancillería, en Asunción.
“Están abiertos a tratar de cumplir con las medidas requeridas por la CIDH, hacen énfasis en ayudas asistenciales pero tienen problemas al abordar el primer punto de las medidas: frenar la deforestación”, dijo el abogado.
La CIDH solicitó en febrero al Estado frenar la deforestación ilegal que afecta al territorio de los totobiegosode.
Pidió además la creación de un mecanismo destinado a proteger y evitar el ingreso de terceros en esos terrenos, una de las últimas zonas vírgenes del Chaco, una región, compartida entre Argentina, Bolivia y Paraguay, que sufre uno de los índices de deforestación más altos del mundo, según la ONG ambientalista Guyra Paraguay.
“El poder Ejecutivo no entiende hasta ahora que hacerlo significa comunicar a la Secretaría del Ambiente (SEAM) y al Instituto Forestal (Infona) que ya no se pueden dar más licencias y suspender las otorgadas pero cuando tratamos ese punto no hay respuesta concreta por parte del Estado”, agregó Duarte.
Los totobiegosode denuncian que tres empresas continúan desforestando sus territorios ancestrales, algo que está poniendo en riesgo la forma de vida silvícola del grupo en aislamiento voluntario, el último grupo indígena que queda en aislamiento voluntario en América fuera de la Cuenca Amazónica.
Los líderes llegados desde el Chaco se reunieron también con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Beatriz Pucheta para informarle sobres las medidas cautelares de la CIDH.
“Dialogamos bien con ella. Se interesó mucho por el caso y planteó la posibilidad de acceder a una justicia más rápida para que los totobiegosode no tengan que hacer gestiones en juzgados a 400 kilómetros de su comunidad”, explicó el abogado.
Duarte aseguró que la presidenta de la Corte Suprema prometió buscar una solución y revisar los expedientes de las empresas denunciadas por los nativos.