El 24 de abril de 2015, la Municipalidad de Asunción llamó a licitación para la adquisición de materiales e insumos eléctricos, plásticos, cauchos, repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas por un valor total de G. 20.000 millones.
En el marco del proceso mencionado y dentro del lote de G. 20.000 millones, el 17 de junio de 2015, la Junta Municipal de Asunción homologó un contrato a la empresa Dan y Kar SA, representada por Andrés Rojas. La firma fue la adjudicada para proveer cubiertas y cámaras de marcas de procedencia china a los móviles de la Comuna por valor de G. 3.114.506.000 y con un vínculo que culmina el 31 de diciembre de 2016.
Sin embargo, el 16 de mayo de 2016, la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) amonestó a la empresa y el 6 de julio la inhabilitó por seis meses, por incumplimiento de contrato y por presentar datos falsos en procesos licitatorios con el Estado. En este período, que se cumple en enero de 2017, la firma fue impedida de proveer al Estado y sus contratos, entre ellos el de la provisión de cubiertas, fueron anulados.
La anulación estuvo vigente hasta el 2 de noviembre, cuando la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, con votos de los magistrados Martin Ávalos y Amado Verón, concedió las medidas cautelares con las cuales Dan y Kar podrá seguir ejecutando contratos anulados y presentándose a licitaciones, a pesar de las irregularidades constatadas por Contrataciones.
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Con la medida cautelar otorgada, la empresa consigue seguir ejecutando hasta la totalidad el contrato que fue declarado nulo por la DNCP, por un valor de G. 3.114.506.000.
El Tribunal de Cuentas, además de la medida cautelar, le exigió una contracautela consistente tan solo en una caución personal de G. 50 millones, una cifra ínfima en comparación al contrato.
La empresa en cuestión fue beneficiada con el contrato de compra de cubiertas, pese a que su vicepresidenta Kathia Natalia Rojas Riveros era funcionaria del Ministerio de Salud Pública comisionada a la Junta Municipal, donde prestó servicios hasta diciembre de 2015.
Es decir, el contrato con Dan y Kar fue homologado por la Municipalidad de Asunción mientras su vicepresidenta -según datos proveídos por la DNCP- prestaba servicios en la Junta Municipal. El contrato con la Municipalidad sigue vigente pese a que el artículo 40 de la Ley de Contrataciones prohíbe a los funcionarios públicos proveer al Estado.
La empresa Dan y Kar es famosa por proveer al Estado todo tipo de insumos. Publicaciones de ABC Color de enero de 2013 indicaban que la firma vendió al Instituto de Previsión Social (IPS) minibuses de la marca JMC por G. 380 millones, cuando su precio en el mercado es de poco más de G. 100 millones.