Víctor Bogado, senador colorado procesado por estafa en calidad de autor y cómplice del cobro indebido de honorarios, anunció este miércoles que aspira a ser presidente de la Cámara Alta del Congreso y con ello, llegaría a ser la máxima autoridad dentro del Poder Legislativo, informó la periodista de ABC Color y radio ABC Cardinal, Ruth Di Giovanni.
El legislador colorado afronta desde julio de 2014 un proceso judicial como consecuencia del caso conocido como “Niñera de Oro”, en el que se lo señala de haber ubicado a la mujer encargada del cuidado de sus hijos no solo como funcionaria de la Cámara de Diputados sino también en la Itaipú Binacional. En ese proceso, Bogado ha conseguido evadir en incontables oportunidades la audiencia preliminar que sirve de paso previo al inicio de un juicio oral y público.
Al senador colorado Víctor Bogado le persigue una larga lista de negros antecedentes vinculados a supuestos usos indebidos de bienes y dinero del Estado para favorecer a amigos y correligionarios.
Bogado inició su carrera en el sector público como un simple sindicalista de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco), privatizada y hoy convertida en Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco). De allí pasó, a inicios de la década del 2000, a ser titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), durante el período presidencial del cuestionado Luis Ángel González Macchi.
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Fue precisamente mientras cumplía funciones en ese cargo cuando comenzaron a llegar las primeras denuncias en su contra, sobre supuestos favores especiales concedidos a amigos y correligionarios en algunas licitaciones.
La primera beneficiada fue la modelo y empresaria Zuni Castiñeira, quien consiguió una reglamentación a la medida en el tema de servicio de audiotexto. La disposición no permitía, por ejemplo, que las operadoras telefónicas ofrecieran el servicio.
Otro que recibió grandes beneficios por parte de Bogado fue su correligionario, el entonces legislador Gustavo Pedrozo. El senador era propietario del servicio de cable CMM (Consorcio Multipunto Multicanal), que en 2001 fue adjudicada con un subsidio de G. 2.900 millones para instalar internet en 123 escuelas públicas.
Luego de una serie de publicaciones de ABC Color, la Contraloría realizó una auditoría en la que encontró que apenas 45 de las escuelas que debían ser beneficiadas contaban con los equipamientos y el servicio conectado.
La entonces telefónica Telecel fue beneficiada también con G. 3.300 millones para instalar el servicio de internet en 164 empresas públicas y tampoco cumplió. Según los documentos de la Contraloría, 83 escuelas –más de la mitad– no contaban con el servicio porque ni siquiera fueron suministrados con los equipos por lo que tampoco contaban con la conexión a la web.
Además, seis instituciones no tenían los equipos completos. Solo 75 de las 164 contaban con el servicio.
Conatel no consiguió recuperar nunca el dinero que había transferido a CMM y a Telecel, pese a los informes de la Contraloría que indicaban que el servicio nunca había sido prestado.
Para cada centro educativo, tanto CMM como Telecel debían proveer de una computadora con sus accesorios y la respectiva mesa de soporte; una impresora, una unidad de UPS, acceso, consumo y mantenimiento de cuentas a los servicios de internet por 3 (tres) años y un paquete completo, incluidas las licencias, de los productos de software solicitados.
Otro sonado caso durante la presidencia de Bogado en la Conatel fue el de los famosos teléfonos satelitales que en la mayoría de los casos no llegaron a funcionar, pese a los millones de guaraníes del subsidio otorgado a varias empresas. De acuerdo a los informes de Contraloría, la institución pagó por 750 teléfonos a una empresa que ni siquiera los había retirado. Una de las firmas que debía instalar los teléfonos en ocho meses, lo terminó haciendo en tres años. Otra, a su vez, recibió cerca de US$ 1,5 millones y no realizó los trabajos.
Fue en el marco de que el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio abrió una investigación sobre Bogado, quien dejó el Ejecutivo y se convirtió en diputado en 2003. El entonces legislador llegó a ser imputado en 2006. Sin embargo, sus colegas se abroquelaron a su alrededor y evitaron su desafuero en octubre de aquel año.
Bogado solo fue procesado por éste caso, pero fue beneficado por las decisiones del juez Hugo Sosa Pasmor y después de la misma Corte Suprema de Justicia.
Dos años después de la finalización del proceso, Bogado decidió en 2014 presentar una demanda contra su ahora colega senador Arnaldo Giuzzio, quien fuera el fiscal que lo había investigado por el caso de los teléfonos satelitales. Según el abogado del legislador colorado, la investigación afectó la imagen de su defendido y solicitan la para nada despreciable suma de G. 4.000 millones en compensación.
Esta no sería la primera vez en la que Bogado alcanza la presidencia de una de las Cámaras del Poder Legislativo. Entre 2006 y 2007 fue presidente de la Cámara de Diputados.
Precisamente, en el epílogo de su mandato al frente de la Cámara Baja, Bogado protagonizó un verdadero bochorno, acompañado por varios legisladores oficialistas (nicanoristas).
Bogado pretendía conseguir el rekutu al frente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, una alianza entre opositores y colorados disidentes tenía pensado llevar a la presidencia al colorado Óscar Salomón. El oficialismo nicanorista no encontró mejor modo de zafarse de la inminente derrota que hacer lo que fuera posible para que no se realice la sesión, convocada para escoger mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Bogado fue fotografiado en el momento en que bajaba la llave de la energía eléctrica de la Cámara de Diputados, que tuvo que continuar la sesión a la luz de las velas. El aseguraría luego que en realidad estaba intentando encender las luces.
En junio de 2011, siendo una vez más presidente de la Cámara Baja, volvió a protagonizar un bochorno durante una sesión en la que se debía elegir a su sucesor y en la que algunos legisladores llegaron a los golpes. En aquella ocasión, aspiraba una vez más a la reelección.