ABC Color entrevistó a la doctora Mónica Caceres vecina del barrio Trinidad, en referencia a la acción de Amparo Judicial Constitucional de Protección Ambiental, contra la depredación del Jardín Botánico y Zoológico de Asinción (JBZA), promovido por mas de 530 personas, en mayor parte vecinos del barrio Santísima Trinidad de Asunción, bajo el patrocinio de los abogados Juan Ramón Bueno Jara y Juan Daniel Bueno Martínez, contra el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), y la Municipalidad de Asunción, en las personas de sus representantes legales ambiental, presentado al Juzgado de 1° Instancia en lo civil y comercial del 14 turno, Juez doctor Guillén Ariel Riveros Florentín, Secretaría N° 27 a cargo de Luis Fernando Bogado, a los efectos evitar el cercenamiento del Jardín Botánico de Asunción, protegida por leyes nacionales e internacionales.
Al respecto vale señalar, que los concejales de Asunción aprobaron el despojo al patrimonio verde de Asunción. El Juzgado en su resolución, concedió la medida cautelar de parar las obras, pero solicitó la presentación de una fianza real “ilimitada” (inmueble) para la prosecución de la presente demanda de amparo constitucional en defensa del ambiente.
Sobre el particular acotó que, “corresponde manifestar que por lo general, quien acciona en defensa del medio ambiente, es un particular o una ONG, y quien se encuentra en carácter de demandado es el Estado (en cualquiera de sus niveles) o una empresa. Ante esta desigualdad objetiva, pretender obligar a una caución real para atender a los posibles daños que pudieran ocasionarse, implica, lisa y llanamente, restringir el acceso a la jurisdicción ambiental, violentando lo normado por el artículo 38 de la Constitución Nacional”.
También agregó que “en los procesos ambientales la caución juratoria es la regla, y solamente podría exigirse fianza real excepcionalmente, si por ejemplo se trata de un reclamo entre dos empresas de las mismas dimensiones económicas. La presente acción de amparo tiene por objeto proteger un derecho colectivo, muy distinto al de los derechos de los particulares, puesto que el interés es de carácter colectivo ya que se trata de un parque de la ciudad, que, por sus características culturales, naturales, pertenece a toda la comunidad”.
Y que el Art. 4, inciso “i” de la Ley 1334/08 “De defensa del consumidor y del usuario” define como “intereses colectivos, aquellos intereses supraindividuales, de naturaleza indivisible de los que sean titulares un grupo, categoría o clase de personas, ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica, cuyo resguardo interesa a toda la colectividad, por afectar a una pluralidad de sujetos que se encuentren en una misma situación”.
En virtud de lo establecido en el art.6 del CC, la situación planteada es aplicable a esta definición, porque los derechos de naturaleza jurídica comunitaria, la CN habilita para que sean defendidos como actio popularis como se conoce en doctrina, y que Scialoja sostiene: “La acción popular, que tiene su origen en el derecho romano, es aquella que puede ser ejercida por cualquier ciudadano, quien actúa, no como un procurador del pueblo, sino en interés del pueblo, pero en nombre propio” (Scialoja, Vittorio. Procedimiento Civil Romano; página 475. Editorial Ejea, México, 1954.)
También mencionó que el profesor doctor Oscar Paciello ya se refería a ello, en oportunidad de tratar este artículo en la Convención Nacional Constituyente de 1992, al expresar: “Todos, creo, en esta sala, estamos contestes en que los Derechos Humanos deben ser defendidos en su integralidad, como presupuesto de la plasmación de un nuevo orden jurídico en nuestra patria. (…). “Nuestra Constitución, con esto pretende constituirse en una Constitución moderna, en la que, conforme a la Constitución que hemos dado a nuestro Estado, al decir que consagramos una democracia participativa y pluralista, estamos dando la oportunidad al ciudadano común, al hombre corriente, a participar en la conducción de los destinos colectivos.
Esta participación se da a través de la llamada acción popular, que aquí recibe una explícita confirmación. (…) en doctrina se conoce esto como la defensa de los intereses difusos. Por lo demás, los Derechos Humanos no necesitan ser establecidos ni definidos. Son derechos que tiene la persona humana por su sola condición de tal. En consecuencia, lo que aquí debemos hacer es no ponerle trabas a su efectiva vigencia. Y es por eso, que, en el texto constitucional, se consagra la extraordinaria nobleza de la acción popular.
Igualmente subrayó que “efectivamente, el art.38 de la CN no exige contra cautela de ninguna clase a la garantía de reclamar medidas para la defensa del ambiente, por lo que requerir una fianza real en este proceso, no es sino “ponerle trabas” a dicha garantía constitucional y que el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción es un patrimonio colectivo y cualquier menoscabo que atente contra su preservación debe ser entendido como un menoscabo al patrimonio colectivo de la sociedad”, concluyó la profesional.