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El abogado Guillermo Duarte dio detalles sobre la ampliación de la denuncia a efectos de esclarecer la cadena de responsabilidades sobre los hechos ocurridos en la madrugada del 1 de abril con el atropello policial que desembocó en la muerte del dirigente juvenil Rodrigo Quintana, a causa de disparos con balines de plomo, proveniente de agentes antimotines de la Policía Nacional.
Según el profesional mediante recolección de datos por un periodo de 15 días, especialmente filmaciones y audios, se alimenta la hipótesis de que era “Alegre el objetivo”, por tanto la ampliación apunta a un intento de homicidio, expresó Duarte en comunicación con ABC Cardinal
El representante legal considera que tal hipótesis está sustentada en la presencia de altos jefes policiales en el local partidario apenas minutos después del ingreso de los cascos azules que dispararon contra el local y una de las balas alcanzó al titular de la JLRA de la Colmena.
“Son elementos que si se analizan de forman coherente se demuestra que esto fue orquestado de arriba, las personas que llegaron no eran porque estaban persiguiendo manifestantes, las cámaras de la zona del PLRA y de las inmediaciones denotan que entre las 11:30 y las 12:30 no existió disturbio alguno”, recalcó.
Entre las filmaciones figura una en la cual registra el movimiento de la camioneta del titular partidario hasta el momento en que ingresa a la sede del local partidario, y minutos después aparece una patrullera, como indicio del presunto plan de atentar contra Efraín Alegre.
Otro elemento clave, según Duarte tiene que ver con la llamada del senador Blas Llano a su par Carlos Amarilla de la presunta amenaza al menos tres horas antes de los incidentes, es decir que “estaba al tanto de lo que iba ocurrir”.
Para el abogado la denuncia no implica una conclusión, sino un intento de reencausar la investigación para dar con los responsables de lo ocurrido, desde los autores materiales, hasta los instigadores tanto dentro de la jerarquía policial como política, remarcó.
La denuncia fue oficializada ante la fiscal Raquel Fernández, responsable del caso Rodrigo Quintana.