Deben rendir aunque adeuden en colegios

Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca evitar que las instituciones educativas privadas nieguen la posibilidad de examen o asistencia a clases a los estudiantes cuyas cuotas estén atrasadas.

Instituciones privadas de enseñanza incrementan sus cuotas para este 2024 en base al índice de inflación.
Instituciones privadas de enseñanza incrementan sus cuotas para este 2024 en base al índice de inflación.

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Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que modifica los artículos 3 y 4 de la Ley 3.587/08 de protección de la niñez y la adolescencia en el ámbito educativo privado. El objetivo principal es evitar que las instituciones educativas privadas nieguen la posibilidad de tomar uno o varios exámenes al alumno/a cuya cuota esté atrasada.

Se trata de una práctica común en las instituciones educativas privadas desde hace más de una década, en la cual no toman exámenes finales a quienes adeudan por las cuotas. Esta situación fue considerada en la Cámara Baja como un abuso y un atropello a un derecho humano básico que es la educación.

“El retraso en el pago de las cuotas o aranceles por parte de los padres, tutores o encargados de los alumnos, no implicará la pérdida de los derechos a que se le suministre los exámenes a los mismos”, señala el proyecto de modificación, con lo pretende evitar “el chantaje” de las instituciones a los padres, que según dijo el diputado Édgar Acosta, si bien pueden ser irresponsables, los niños no tienen la culpa.

En contrapartida, también se otorga a la institución educativa privada a no renovar el contrato con dichos padres morosos el siguiente año. “La falta de pago de las cuotas y aranceles vencidos faculta a la institución educativa a no renovar el contrato de prestación de servicios educativos para el siguiente año lectivo y a demandar los aranceles vencidos e intereses moratorios”, indica sobre dicho punto.

La normativa además establece sanciones para las instituciones que incumplan: 50 jornales mínimos, previo sumario administrativo que debe ser realizado por el Ministerio de Educación y Cultura, institución a la que el diputado Ríos apuntó como una de las responsables de que la práctica que ahora se trata de evitar se haya consolidado.

La propuesta fue presentada la semana pasada por la diputada Karina Rodríguez de Avanza País y también son proyectistas los liberales Víctor Ríos y Édgar Acosta. La bancada colorada acompañó el proyecto.

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