A raíz de esta llamativa medida, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso contra la magistrada por mal desempeño en sus funciones en el marco de la tramitación de la causa judicial caratulada: “Roberto Carlos Sosa Benítez y otros c/ Viceministerio de Transporte”.
Alonso Martínez, de manera irregular, hizo lugar a una medida cautelar presentada por propietarios de la empresa de transporte “29 de Septiembre Boquerón SRL”, con lo que la cuestionada compañía de transporte vuelve a operar. La línea fue cancelada por ilegal y deudora en concepto de canon ante el Viceministerio de Transporte así como al Banco Nacional de Fomento (BNF). Los 18 buses habían sido sacados de circulación por no contar con los mínimos requisitos técnicos para operar.
Lo más sospechoso es que la jueza Alonso otorgó la medida cautelar sin que los propietarios hayan acreditado la titularidad de ninguna de las unidades secuestradas. Simplemente utilizó argumentos laborales que no son de su competencia, para beneficiar a la empresa.
El Viceministro de Transporte, Dr. Agustín Encina, dijo que no solo se benefició a la empresa, sino que la jueza se extralimitó en sus funciones.
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