Los abogados querellantes Rafael Fernández y Gustavo Gorostiaga solicitan que a los acusados por lesión de confianza Víctor Daniel Bogado Núñez, Walter Elías Delgado, Mariano Escurra, Félix Villamayor Gabaglio, José Salvador Alonso Martínez, Cíbar Enrique Insfrán, Ricardo Pereira Poletti y Édgar Mengual Herken obtengan su libertad ambulatoria y se les levante el arresto domiciliario.

Los acusados actualmente no cumplen con el arresto porque tienen permiso para acudir a sus lugares de trabajo. Los  abogados de la querella aseguran que prácticamente están todo el día fuera de sus domicilios, sin control de la Policía, y por lo tanto incumplen la medida. En caso de una sentencia condenatoria, el tiempo en que supuestamente cumplieron con la "prisión preventiva" será contabilizado como años de prisión. Inclusive, se puede llegar al caso de que la pena sea compurgada sin que los acusados vayan a prisión, como ocurrió con vaciadores de Banco Nacional de Trabajadores. Los miembros del tribunal de sentencia, Mesalina Fernández, María Esther Fleitas y Rosarito Montanía deberán decidir si otorgan o no la libertad a los acusados.

En la causa también están procesados por el megafraude de más de US$ 40 millones en perjuicio de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), César Amílcar Bejarano, Pabla Mieres de Scavenius, José Szwako, Gustavo Duré y Aurelio Ramón Sosa, quienes se encuentran libres.

En principio, la investigación de la fiscala Victoria Acuña mencionaba un perjuicio de unos US$ 176 millones, pero la causa solo fue elevada por US$ 42 millones, en la preliminar.

Hasta el momento no se pudo realizar el juicio oral y público a los procesados el pasado 16 de febrero, porque debido a las chicanas de los abogados defensores la audiencia pública fue postergada. El tribunal, que aún no sancionó a ningún defensor, debe fijar una nueva fecha para el juicio.