El proyecto de ley, cuestionado por los propietarios de terrenos próximos, busca en teoría impulsar una obra de progreso, pues reinstala el ferrocarril ahora en forma de tren de cercanías, que unirá Asunción con las ciudades del interior, y que tiene previsto, según los antecedentes, transportar diariamente decenas de miles de pasajeros.
Según el Poder Ejecutivo, el costo aproximado de este tren de cercanías es de US$ 160 millones, y aparentemente el Gobierno no tiene aún concretada la fuente de financiamiento para esta inversión.
Al contrario del antiguo ferrocarril, este tren de cercanías será de doble vía, vale decir que los trenes se cruzaran entre sí. Trenes de cercanías existen en casi todas las ciudades del mundo, organizadas. Por ejemplo, están los trenes que salen de las estaciones de Retiro y de Constitución de la ciudad de Buenos Aires para las ciudades vecinas. Con un tren de cercanías se evita en gran medida el empeoramiento del tráfico vehicular, lo cual sería clave para una ciudad como Asunción.
Fernández señaló que el proyecto, que se va a tratar este jueves 8 en el Senado, se vale “amañadamente” de un esquema de servidumbre coactiva gratuita, la cual no solo es inexistente en nuestro sistema legal, sino que está terminantemente prohibida por el Art. 39º, de la Constitución nacional. “Recordemos que en el primer proyecto del Poder Ejecutivo, el Ferrocarril se presentaba falsamente como propietario de una franja de dominio inexistente”, aseveró Fernández.
El vocero de los propietarios de terrenos afectados añadió que, tanto en el primer proyecto, como en este segundo del Poder Ejecutivo, se insiste en no pagar la indemnización correspondiente, lo cual además de su “clara inconstitucionalidad”, revelaría la falta de financiamiento presupuestario del proyecto en sí, "sin el cual nada es viable ni responsable implementar".
Afirmó que, si bien se ha reducido el metraje que se desea utilizar como franja de dominio, solo se establece un mínimo y no un máximo, lo cual viola también el principio de certeza jurídica, pudiendo dar lugar fácilmente a numerosos abusos.
Dijo que el padrón universal para un tren de cercanías tiene una extensión no mayor a 12 o 13 metros cuando atraviesa cascos urbanos, lo cual se puede notar en todas las ciudades del mundo. ”Como ejemplo se podría examinar el metraje que tiene la franja de dominio del tren que parte de la Estación de Retiro de la ciudad de Buenos Aires hacia diversas localidades vecinas”, expresó.
Desidia del Estado
El abogado aseveró asimismo que por desidia del Estado Paraguayo, en más de 150 años de existencia del Ferrocarril, jamás se ha implementado una franja de dominio, lo cual ha hecho que existan numerosas propiedades, unas con título legal y otras sin título legal que están muy próximas a la vía del tren, especialmente en el tramo Jardín Botánico – Plaza Uruguaya, donde existen más de 100 empresas que son unidades productivas y fuentes de trabajo que serían afectadas por la medición actual que se pretende como franja de dominio, además de más de 1.000 familias solo en tal tramo.
Agregó que, a su vez, aquellos moradores ocupantes sin título legal son totalmente dignos de los derechos humanos y sociales contemplados en la Constitución nacional, circunstancia totalmente ignorada en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en cuanto al reasentamiento pertinente.
Alertó que pretender reinsertar el tren, con una versión más expandida por ser de doble vía, por el mismo lugar en el que históricamente había transitado, equivale simplemente a destruir el ejido urbano existente, que incluye la destrucción de predios de utilidad pública y social, como la Cruz Roja paraguaya, el Hospital de Ojos, la Sub-estática de la ANDE, e inclusive instituciones de enseñanza pública como el Colegio Juan Ramón Dahlquist, y también la histórica Casa Gondra, entre tantos otros.
Propuesta
Dijo que para paliar esta situación, los potenciales afectados proponen que el tren, en su nueva versión expandida, llegue al centro de Asunción vía franja costera, desde el Jardín Botánico, como había sido planeado originalmente, lo cual evitaría la destrucción del ejido urbano, así como ahorraría al Estado paraguayo millones de guaraníes, que justamente deben ser legalmente pagados a los propietarios de títulos legales en cuestión, quienes equivalen aproximadamente a la mitad de los pobladores existentes entre Jardín Botánico y la Plaza Uruguaya. “Ilustrativamente, tanto en el barrio Las Mercedes como el barrio Tuyucuá, no existe un solo inmueble que no tenga un título legal”, dijo.
En consecuencia, la Coordinadora de Comisiones Vecinales, del cual es vocero el abogado, pide a la Cámara de Senadores el rechazo del proyecto de ley así como está concebido, o bien, su aprobación con modificaciones, transformándolo en un “proyecto responsable”, constitucional y legal, y que no dañe irreversiblemente el ejido urbano “en forma totalmente irrazonable”.
Agregó que no están en contra, de manera alguna, del progreso que conlleva la rehabilitación del Ferrocarril, “pero estamos categóricamente en contra de un proyecto no bien concebido, que no respeta siquiera básicos preceptos constitucionales y legales”.
Finalmente, instó a las municipalidades, muy especialmente a la de Asunción, a cumplir con su responsabilidad que les otorgan las pertinentes leyes orgánicas municipales a interesarse y a tener injerencia directa en el proyecto en sí, al que hasta ahora está prácticamente ausente.