El hombre recibió un disparo en la cabeza, el viernes, y falleció en Emergencias Médicas, en Asunción, el domingo. El enfrentamiento se produjo el viernes último, cerca del mediodía, cuando un grupo de campesinos llegó hasta el núcleo ocupado por otros ocupantes para reclamar por la quema de un rancho precario. Ambos grupos rivalizan por la ocupación de las tierras, y constantemente se generan "roces" entre los mismos, pero esta vez los hechos fueron a mayores, y terminó en un intercambio de disparos de escopeta y pistolas, con el saldo de un muerto.
La policía detuvo a Mariano Espínola Aquino, quien sería el autor del disparo que acabó con la vida de Porfirio Meza. El atacante utilizó una pistola calibre 9 milímetros, según los datos preliminares. El herido recibió un impacto en el cráneo, fue trasladado al hospital de Encarnación y de ahí a Emergencias Médicas, donde se produjo su deceso.
Un grupo de unos 30 campesinos proveniente de uno de los asentamientos llegó hasta el sitio ocupado por sus pares pertenecientes a otra comisión, para reclamar por la quema. En medio de la discusión se desató un fuego cruzado entre ambos bandos.
En total son cuatro grupos los que se instalaron en distintos puntos de un predio de unas 2.000 hectáreas, perteneciente a la Sociedad del Verbo Divisno (SVD), que durante décadas mantuvo una escuela agrícola de nivel medio en el lugar, al que asisten hijos de campesinos de la zona.
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Desde hace dos años, el predio y las instalaciones de la escuela son alquilados por un matrimonio, dedicado a la docencia, que se hizo cargo de la institución y lo mantiene como entidad privada subvencionada.
En enero de este año la directora de la escuela, Claudia Becker, denunció ante el Ministerio Público la invasión de la propiedad, la destrucción de una reserva de árboles nativos, y hostigamientos hacia los estudiantes que realizan sus prácticas educativas en la chacra experimental.
Se formó una carpeta fiscal con la unificación de cuatro causas, dos por invasión de inmueble y dos por delitos ambientales, a cuyo frente fue designada la fiscal Blanca Saucedo, de la fiscalía zonal de Colonias Unidas, pero el avance en la investigación es prácticamente nulo.
"Ya no sabemos qué hacer, no se puede vivir o tener alumnos que quieren estudiar rodeados de personas desconocidas que rondan el colegio armados", sostuvo la directora, Claudia Becker. Lamentó que hasta ahora las autoridades de aplicación no hayan hecho nada al respecto, y dijo que si la situación continúa se verán obligados a cerrar la institución.
La escuela tiene más de 140 estudiantes, provenientes de diversos puntos del país, que tiene la modalidad de internado mixto. Cuenta con 25 profesores y tiene subvención del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para el pago de los salarios a docentes.