Los ocupantes son integrantes de la Comisión Sol y Tierra del Movimiento Campesino Paraguayo, y denunciaron el actuar violento de las autoridades a la hora de sacarlos.
Estanislao Gómez, dirigente de la agrupación, refirió que al momento del desalojo no les mostraron “ningún papel ni orden judicial”.
Gómez denunció también que sus compañeros fueron heridos y golpeados por las Fuerzas Militares. Además, 15 de los miembros del grupo fueron detenidos, y ahora se encuentran prestando declaración ante el agente fiscal Jorge Figueredo, quien recibe apoyo del fiscal Héctor Velázquez, de Pozo Colorado. Aunque fueron desalojadas, las 200 familias quedaron en cercanías del asentamiento, y afirmaron que “no se moverán” hasta que sus compañeros detenidos sean liberados.
Estanislao Gómez, señaló que el pedido principal del movimiento es que unas 4.000 hectáreas, de las 8.644 que tiene el Ministerio de Defensa en la zona, sean transferidas al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y posteriormente entregadas a los campesinos. “Solicitamos al Ministerio de Defensa Nacional una mesa de diálogo para que podamos tener una tierra digna. Tenemos varios documentos expedidos. Desde el 2008 estamos solicitando esta tierra, e inclusive formamos una cooperativa llamada Bienestar Limitada”, mencionó el dirigente.
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El líder habló también de un “gran negociado” entre las autoridades del orden y las empresas El Farol y Tajy, que están apostadas en la zona donde el movimiento campesino desea ubicarse. “Esas empresas están cerrando cauces naturales, haciendo deforestaciones”, denunció.
A estas horas, un grupo de efectivos policiales y militares aún se encuentra en la zona, a modo de contener y prevenir cualquier hecho que pueda darse, pues las familias continúan manifestándose en el lugar.