En nombre de las personas con discapacidad

De 39 años de edad, desde el 2006 se desempeña como activista en defensa de los derechos humanos con firmeza y liderazgo. Lejos de centrar su discurso en prometer subsidios, reclama oportunidades. 

Cuenta con la movilidad física de la cabeza, pero en su filosofía de vida rechaza la cultura del “aichejáranga” (pobrecito). Tiene un trabajo en el Club Internacional de Tenis (CIT) y es colaborador de la fundación Hogar Albino Luis que atiende a niños con discapacidades. Fue abandonado por sus padres biológicos a los 11 meses de vida, creció en la citada fundación y fue adoptado por una familia.

“Estando en el Congreso no voy a necesitar un curul porque ya lo tengo hace 39 años. Este es mi curul (su silla de ruedas), esta es mi grandeza y es mi problema”, manifestó.

En un mensaje a los votantes dijo “animar a la gente a que salga a votar y a elegir con conciencia. Olvidar el pasado y entender que este es el presente y que el futuro está en la ciudadanía, no en los políticos”.

Igualmente fustigó el sistema electoral de listas sábanas. “Amo esta nación, pero esta nación no es democrática, porque no podemos elegir fácilmente a quien queremos elegir. Elegimos tristemente a quienes las listas sábanas digitan y por eso la ciudadanía tiene un rol mucho más preponderante hoy. Que la ciudadanía entienda que ellos tienen que elegir y hacer el cambio”, aseveró.

Marecos señaló que entre sus principales reclamos al Gobierno de Cartes figura el incumplimiento de la Convención por los derechos de las personas con discapacidad ratificado por Paraguay en 2008.

Lamentó que con su condición no pueda salir a la calle; acudir a un sistema de salud o de trabajo por miles de barreras. Entre ellas, cita como la más importante el estigma de que lo consideran incapaz de cualquier cosa. Dijo que este punto está muy arraigado en el Gobierno y en la ciudadanía que ve en las personas como él a personas que sufren y no tienen oportunidades.

Marecos subrayó que en Paraguay actualmente residen cerca de 1.400.000 personas con algún tipo de discapacidad, "en un sistema de salud deficitario y discriminativo".

Narra que los hospitales rechazan darles atención y le exigen acudir al SENADIS, que se asemeja a una especie de IPS “con turnos cada tres meses” cuando los tratamientos deben ser permanentes y regulares.

Recalcó que exigir una salud inclusiva y gratuita no es populismo, sino una inversión estatal en favor de todos los ciudadanos.Remarcó que por ello, una persona con discapacidad debe estar en el Congreso, para ajustar las normas vigentes y garantizar los derechos.

Igualmente cuestionó que el gobierno de Cartes hable de inclusión cuando el concepto de la simple “apertura” ya es insuficiente, especialmente cuando más de 1.000.000 de personas con discapacidad, dispuestas a aportar, no están incluidas laboralmente.

Señaló que el Código Laboral, La ley de la Función Pública, la Ley 3585/08 de inclusión obligatoria e incluso la Ley de Presupuesto General de la Nación, plantean el acceso al trabajo, pero son letra muerta.

A nivel estatal, dijo que la Ley 3585/08 habla de un 5% de inclusión en entes estatales, lo que serían 14.000 personas. Sin embargo, denuncia que este Gobierno, en cinco años incluyó a 15.000 funcionarios sin discapacidad y solo dio acceso a 1.000 personas del sector al que representa.

Señala que desde el 2008 la cifra llega a solo 2.000 personas.

En cuanto al acceso al trabajo en empresas privadas, dijo que también hay trabas por parte del Gobierno. Cuestionó que aunque exista una ley de incentivos fiscales a las firmas que quieran contratar a personas con discapacidad, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo nunca han dictaminado ni reglamentado esta normativa impidiendo su aplicación.

Reconoció algunos “logros” del gobierno de Cartes como el movimiento económico y la construcción de viviendas sociales, sin embargo, lamentó que las personas con discapacidad no sean parte de la economía y que ni el 1% de las viviendas construidas sean para este sector.

También cuestionó duramente los recortes presupuestarios a las fundaciones que dan asistencia a las personas con discapacidad.