Esta mañana, el abogado Luis Canillas se acercó hasta la oficina del fiscal Juan Leonardi Guerrero para declarar y ampliar su denuncia con respecto al supuesto hecho de intento de atentado en contra del presidente de la República, Horacio Cartes. Según la acusación, de la suerte de “conspiración” habrían participado ciertos senadores de distintos partidos a través de un grupo de WhatsApp.
El abogado acercó al agente del Ministerio Público un celular y una copia de los chats que contienen las supuestas pruebas de los delitos de “amenaza de hechos punibles, incitación a cometer hechos punibles, asociación criminal y omisión de aviso de un hecho punible”, que, según él, cometieron estos senadores.
Además, el abogado puso a disposición del fiscal un pendrive que contendría mensajes de audio que supuestamente se enviaron en ese mismo grupo, informó el periodista de ABC TV Pablo Gastón Ortiz.
La denuncia de Canillas, que está respaldada por la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que incluso integró una comisión especial para analizar la acusación, se basó en un mensaje de WhatsApp que, según Canillas, habría enviado la senadora Desirée Masi en el que esta le habría preguntado al presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, “cuánto cuesta un sicario... de medio pelo nomás”. El mensaje había sido acompañado de un emoticón de carcajada.
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Por su parte, el abogado Guillermo Duarte, defensor de la senadora Desirée Masi, informó que se presentó contraexaminar la declaración del testigo denunciante.
Sostuvo que como defensa necesita que Canillas explique “cuándo recibió esta información, de quién la recibió, y si la recibió en diciembre por qué demoró tanto en denunciar, habiendo denunciado él mismo la omisión de dar aviso de un hecho punible”, señaló.
Para Duarte, la denuncia tiene muchos indicios de ser “poco seria”. Además, dijo, exigirán saber “quién le autorizó acceder a esta conversación privada”.
Si bien no los acusó directamente, al referirse a la práctica que cometieron los denunciantes, es el defensor se refirió a hechos punibles como “interceptación de datos”, y añadió que “uno tiene que contar con autorización expresa del dueño de la información”, para acceder a este tipo de contenido.
Si bien reconocen que existió el grupo de whatsapp del que formaban parte los senadores, afirman que “lo que está publicado como denuncia no se puede aseverar”.
“Mi clienta niega que ese chat haya existido. La escribana reconoce que se le presentó un teléfono abierto manipulado. Se pudieron haber modificado, alterado, plantado, creado datos. ¿Quién dice que esos números pertenecen a los senadores? Nada de eso está corroborado”, insistió el defensor.