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14 de Setiembre de 2018 23:04

 

Capiateños caminarán por expulsión de delincuentes confesos

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

CAPIATA Ciudadanos indignados exigirán mañana que tres “delincuentes confesos” sean sumariados y cesados de sus cargos de la ANDE y de la Cooperativa Capiatá. Estos cometieron lesión de confianza en la Junta de Saneamiento del distrito.

Ciudadanos indignados harán una marcha para exigir que tres “delincuentes confesos” sean sumariados y cesados por el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, y por el de la Cooperativa Capiatá, César Rivas. Los funcionarios reconocieron que cometieron lesión de confianza cuando dirigían la Junta de Saneamiento y fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento.

La caminata se llevará a cabo a partir de las 9:00 de este sábado, desde la explanada de la iglesia Virgen de la Candelaria. Justamente en el 2011, parroquianos como el ciudadano Eladio Bareiro Riquelme y el párroco José María Velasco García habían formulado la denuncia penal por desvío de dinero de la Junta de Saneamiento. Se estimó que lo defraudado llegó a G. 231.680.481.

Los tres acusados exdirectivos de la Junta de Saneamiento que fueron denunciados por el delito de lesión de confianza son: Carlos César Ramírez Valdez, tesorero de la cooperativa, encargado de Control Final de realización de trabajos a pagar a terceros en la regional de la ANDE y vicepresidente del Deportivo Capiatá; y Gustavo Adorno López, presidente de la Junta de Vigilancia de la cooperativa, trasladado de la regional Villa Hayes por problema de mal desempeño de su funciones, y tiene salario de jefe. Igualmente, Candido Rotela Espínola, miembro electo Consejo Administración de la cooperativa y jefe de Cuadrilla de la ANDE.

Los socios de la Cooperativa Capiatá reiteraron al presidente de la entidad, César Rivas, el pedido de expulsión en varias oportunidades. Insisten en que los citados no merecen ser socios y, mucho menos, directivos, por tratarse de “delincuentes confesos”.

Además, los mencionados cuentan con medidas alternativas por daño patrimonial sufrido por la Junta de Saneamiento; específicamente, un hecho de lesión de confianza según la resolución 995 del 12 de julio pasado, firmado por la jueza Norma Salomón, cuya copia adjuntan a la nota de pedido de expulsión. “Entendemos, señor presidente, que la Cooperativa Capiatá Ltda. no puede continuar aceptando que en la misma tengan espacio personas que se alejan voluntariamente de los valores el cooperativismo, que es el de la honestidad”.

Los acusados, según surge del acta labrada en ocasión de llevarse a cabo la audiencia preliminar, admitieron haber cometido lesión de confianza y consintieron la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento. En dicho sentido, la juez Norma Salomón le impuso medidas como la prohibición de salir del país ni cambiar de domicilio sin previa comunicación al juzgado, y la entrega de una donación como forma de reparación del daño social, consistente en víveres no perecederos por G. 1.200.000 cada uno, pagaderos en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas de G. 100.000, a la Fundación Asoleu.

Entre tanto, en la nota dirigida al presidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, se solicita el traslado de la agencia Regional de los tres funcionarios mientras dure un sumario administrativo. Argumentan que los funcionarios ocupan cargos relevantes en la agencia, y preocupa que personas deshonestas que han defraudado la confianza comunitaria sigan campantes en sus puestos.

Antecedentes

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había confirmado y cuantificado la suma evadida, y el perjuicio patrimonial a la Junta de Saneamiento quedó estipulado en G. 231.680.481. Los funcionarios fueron investigados por el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en la Junta de Saneamiento, pero el dinero nunca ingresó a las arcas fiscales, o sea, el dinero público fue desviado.

Tras varias chicanas y cambio de fiscales, se logró cerrar el caso, y los tres no tuvieron opción que declararse confesos y resarcir el daño. Una pericia contable en la causa permitió corroborar la evasión, que entonces, entre el 2006 y 2009, fue de G. 143 millones, cuyo paradero no se conoció. El monto subió con las multas aplicadas por la SET a la Junta, hasta superar los 230 millones.

 
 

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