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“Las cárceles del Paraguay están pasando por un situación grave en cuanto a la seguridad, debido al hacinamiento”, dijo la ministra de Justicia Carla Bacigalupo al anunciar la medida.
La superpoblación, la falta de agentes penitenciarios y la deficiencia en infraestructura son algunos de los puntos más preocupantes que impulsaron a tomar esa resolución, que se extenderá por un lapso de 10 meses.
“Hay una superpoblación de 6.428 reclusos”, dijo la secretaria de Estado en declaraciones a periodistas.
Paraguay cuenta actualmente con una población penitenciaria de poco más de 13.000 personas para una capacidad edilicia de apenas 6.643. El 80% de los presos están sin condena, indicó Bacigalupo.
A partir del lunes, el Ejecutivo contratará 100 nuevos agentes penitenciarios en el marco del estado de excepción. Transcurridos los 10 meses de vigencia de la medida, el ministerio llamará a concurso para la contratación definitiva de estos trabajadores de seguridad. “Nuestra intención es prevenir cualquier tipo de situación que pueda poner en peligro a los reclusos, como al resto de la sociedad”, explicó la ministra
La capacidad máxima de la penitenciaría de Tacumbú, la principal del país, es de 1.500 reclusos, pero en el presidio están encerradas unas 4.000 personas, custodiadas en cada turno por 45 guardiacárceles mal entrenados, según admiten las autoridades del sector.
Informes de organizaciones no gubernamentales denuncian que la promiscuidad reinante en las cárceles “solo puede atizar el rencor y el deseo de venganza, aparte de favorecer la transmisión de técnicas delictivas, así como el tráfico de drogas ilícitas y las riñas constantes”.
La decisión gubernamental se produjo 15 días después de la fuga de 10 adolescentes del Centro Educativo de Itauguá, que integra el sistema penitenciario.
Bacigalupo anunció que gestiona unos 115 millones de dólares destinados a la construcción de nuevos penales “para evitar que explote el polvorín del sistema penitenciario y que las condiciones de reclusión sean menos inhumanas”.