La Policía Nacional montó un gran despliegue en la compañía Yaku'i Guazu, distrito de Mayor Otaño, para impedir a la firma Sienna SA cosechar los granos que le pertenecen.
La jefatura policial de Itapúa mantiene en forma permanente 15 patrulleras y 60 efectivos en el inmueble que pertenece a la familia Raiter; la finca fue arrendada a Sienna SA para cultivar granos.
Esto significa que por lo menos 12 comisarías de todo el departamento quedaron sin sus respectivas patrulleras. La presencia policial comenzó el 25 de enero y se mantiene hasta hoy.
Para colmo de males, el apoyo logístico se cortó hace cuatro días. Los efectivos comisionados no están recibiendo alimentos y al final Sienna SA debe contribuir para que puedan subsistir en el lugar. Tremenda caradurez por parte de la jefatura de Itapúa, por cierto.
Los granos cultivados por Sienna SA están maduros, listos para ser levantados. Si para el martes no cosechan, perderán toda la soja. Las pérdidas para la firma serán superiores al millón de dólares.
El mensaje del gobierno de Horacio Cartes es claro: no hay seguridad jurídica para las inversiones en Paraguay. De nada sirve que pinte un país que protege las inversiones si la misma Policía Nacional se justifica en una "orden superior" para prohibir la cosecha sin tener una orden judicial.
Horacio Cartes puede decir lo que quiera, la realidad es muy diferente en el terreno: la Policía tomó posesión ilegal de una propiedad privada y la prohibición de cosechar se traducirá en millonarias pérdidas para la firma productora.
Y lo peor de todo es que el daño que está causando al país se relaciona con su ambición desmedida por la reelección. El principal responsable de esta situación es el senador Oscar González Daher, su aliado incondicional en el proyecto de violar la Constitución Nacional.
Si esta dispuesto a violar la Constitución ¿qué puede importar la seguridad jurídica para inversionistas? Primero esta su ambición.
La Policía Nacional está prestando un servicio al senador Oscar González Daher y la firma Agro Silo Santa Catalina SA, componente del Grupo Favero. No está al servicio de la justicia como establece la Constitución Nacional, se encuentra defendiendo intereses privados.
El Grupo Favero reclama a Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter el pago de 23 millones de dólares. La deuda consta en hipotecas, pagarés y prendas cuya firma se atribuye al matrimonio. Los Raiter son colonos de origen brasileño, viven hace 40 años en nuestro país, tienen hijos y nietos paraguayos.
Favero inicio acciones judiciales para cobrar la millonaria suma. Ante el reclamo de la familia Raiter de recibir el extracto de cuentas, en poder Favero, el abogado de este se negó a presentar el documento ante el juzgado. El Abog. José Costas Arriagada alega que "es lo mismo que declarar en contra nuestra" para no exhibir el extracto de cuentas.
La pericia realizada por el Ministerio Público de los documentos logró confirmar que la firma del matrimonio Raiter fue falsificada, según dictamen Nro. 353/15 del Laboratorio Forense.
Los Raiter presentaron denuncia contra las escribanas Nélida Chávez y María Teresa Rodríguez, supuestas responsables de la falsificación de documentos que dieron origen a la deuda de 23 millones de dólares. La escribana Chávez es la esposa de Oscar González Daher.
En este momento tenemos a la Policía Nacional cumpliendo el vergonzoso papel de custodio de los intereses de Oscar González Daher.
¿Semejante privilegio es el premio por apoyar la reelección de Horacio Cartes?
