Finalmente, entra en vigencia la Ley 5.102 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública”, más conocida como“Alianza Público-Privada”.
El objetivo de la misma es permitir al sector privado construir las obras que necesita el país y que el Estado paraguayo no puede realizar por falta de recursos. Para ello se concede al capital privado la explotación de servicios y bienes públicos por tiempo definido.
La normativa había sido muy discutida en ambas Cámaras del Congreso, atendiendo a que, para algunos, se trataba de una “ley de privatización”, además de una normativa que entrega más poderes al Ejecutivo, puesto que el Gobierno elige a las empresas concesionadas sin necesidad del visto bueno del Parlamento.