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En el Decreto 6.009, de fecha 28 de setiembre de 2016, el presidente Horacio Cartes dio el “no total” a la Ley 5.663/2016 del funcionario público del Poder Legislativo, que fuera sancionada por el Congreso el 24 de agosto pasado.
La normativa establece la carrera y el escalafón de los funcionarios del Poder Legislativo, además de sus restricciones y responsabilidades. Los legisladores habían argumentado en su momento que la normativa se basaba en la necesidad de reconocer al Congreso como una institución política, y no administrativa como para regirse por la Ley 1626/2000 de la Función Pública.
En sus alegatos, el Decreto expresa que los funcionarios del Parlamento tienen todas las garantías en lo que respecta a su labor en la Ley de la Función Pública y el Código Laboral.
“Al comparar la Ley 1620/2000 de la Función Pública y el proyecto de Ley del Funcionario Público del Poder Legislativo se observa que este último busca darle un tratamiento diferente a los funcionarios públicos del Poder Legislativo. Sin embargo, no se verifican diferencias sustanciales en la modalidad de prestación de servicios de los funcionarios del Poder Legislativo que ameriten la vigencia de una ley especial, atendiendo a que las funciones que cumplen, en esencia, no son distintas a las de los demás servidores públicos del ámbito administrativo del Estado”, argumenta el presidente en el documento.
Ayer la Cámara de Diputados aprobó un aumento presupuestario para el Congreso de casi G. 13.000 millones, que, en gran medida, irán a parar en el pago de un tercer aguinaldo para los funcionarios de este estamento legislativo.
Este jueves a las 18:00 en la Plaza de Armas se prevé una manifestación ciudadana en repudio a la repartija que pretende el Congreso con el dinero público.