Armerías están "en la mira" de la Fiscalía

Varias firmas comerciales del Alto Paraná son investigadas por el supuesto hecho punible de violación a la “Ley de Armas” y otros delitos. La encargada de recabar los datos es la Fiscalía Especializada Antisecuestros, a cargo de Zunilda Ocampos Marín.

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Los locales fueron intervenidos por el Ministerio Público y contó con el acompañamiento del Juzgado Penal de Garatnías, entre ellos “Caza y Pesca del Este”, propiedad de Julio Cantero, de donde fueron requisadas 20 armas de fuego cortas y largas como, entre pistolas, escopetas y rifles, de diversos calibres, según informe oficial.

Dichas armas fueron verificadas por la comitiva fiscal-judicial, constatando que tenían series adulteradas y borradas. Igualmente se procedió a la incautación de municiones sin facturas. Los armamentos son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado y serán remitidos a la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

También fue intervenida la “Armería Paraná”, de donde fueron incautadas 65 armas cortas y largas como, glock, de diferentes calibres; Ruger, Smith&Wesson, Taurus, Sarsilmaz, Canik, Maverick, escopeta boito, las cuales fueron cotejadas y respaldadas con los documentos presentados por los responsables.

Luego del procedimiento se dejó constancia de que el local había sido denunciado como lugar de acopio de armas de fuego sin documento legal y series adulterados, hecho que no pudo confirmarse.

Otros comercios allanados son “Caza y Pesca Clase A”, “Casa El Pato”, “Caza y Pesca Morenita” y “Caza y Pesca Yguazú”, sitios de los cuales fueron requisados documentos de armas y actas de comercialización y transporte para el cruce de información con Dimabel, con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

La comitiva encabezada por la fiscal Zunilda Ocampos y el juez, Amílcar Marecos, solicitó el acompañamiento de agentes del departamento Antisecuestro de la Policía, considerando que había sospecha de que los locales eran custodiados por agentes policiales de otras dependencias de la zona, incluso protegidas por autoridades policiales.

Los procedimientos arrojaron como resultado la imputación de Osvaldo de Jesús Sanabria Vera, Gerónimo Giménez Fernández, Víctor Sotelo Florentín Carballo y Etelvina Vera Moreno, por tener en su propiedad armas pertenecientes a la fuerzas de seguridad, violando así Ley de Armas.

Por otra parte, Ricardo Palacios y Richard Colmán López, están formalmente acusados por violación a la Ley de Armas y asociación criminal ante el Juzgado, en espera de la audiencia preliminar para la elevación de la causa a juicio oral y público.

Por resolución Nº 757 de la Fiscalía General del Estado, de fecha 1 de marzo de 2016, la competencia de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestros) fue ampliada y comprende los ilícitos de coacción, coacción grave, privación de libertad, secuestro, toma de rehenes, extorsión, extorsión agravada, terrorismo, asociación terrorista y los hechos punibles previstos en la ley 4036 de Armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos, accesorios y otros.

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