Caseros de Rivas, a juicio

Antes de tomar la decisión, la jueza penal de garantías Letizia Paredes comunicó a los acusados que tenían derecho a prestar declaración, conforme lo establece el artículo 355 del Código Procesal Penal. Además, los comparecientes hoy a la audiencia que estaba fijada, fueron advertidos de las disposiciones del artículo 84 del mismo código, por las cuáles pueden declarar libremente o bien abstenerse de hacerlo. Los acusados se abstuvieron de declarar, por lo que la magistrada convocó a las partes nuevamente a las 10:40, a fin de dar lectura al auto interlocutorio.

En este sentido, la jueza resolvió no hacer lugar a los incidentes de sobreseimiento definitivo deducidos por la defensa técnica de los acusados Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.

Además, la magistrada resolvió hacer lugar, al menos parcialmente a los incidentes inclusión probatoria (incluir una prueba que no estaba antes) deducidos por la defensa técnica de los acusados.

Por otra parte, la jueza determinó admitir la acusación presentada por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios. Esto, a raíz de que el Ministerio Público corroboró con informes de telefonías celulares que los tres empleados nunca fueron a trabajar al Congreso, sino estaban en la casa particular del legislador de Lambaré y sus negocios de Ybycuí. También, que se adulteraron informes de asistencias.

Así las cosas, la jueza ordenó la apertura de juicio oral y público en la causa caratulada como “Tomás Fidelino Rivas Benítez y otros sobre estafa y otro”.

Además, a los acusados se les aplicaron medidas alternativas a la prisión y se le impusieron reglas de conducta como la obligación de comparecer ante el juzgado, la prohibición de salir del país sin autorización, la obligación de residir en el domicilio informado y no cambiarlo sin autorización.

Se estableció también un a fianza personal por parte de los defensores, de G. 26 millones cada uno.

En mayo, se cumplió un año de la imputación de diputado Tomás Rivas (ANR cartista) y aún no le despojaron de sus fueros por innumerables chicanas que obstaculizan la investigación respecto al supuesto caso de los tres “caseros de oro”, que son pagados con dinero público.