La Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado de varios juzgados de primera instancia que integran la circunscripción judicial del Alto Paraguay con sede en Fuerte Olimpo.
El traslado es a pedido de los propios magistrados, quienes alegan una mejor funcionalidad debido a la nueva estructura edilicia inaugurada el año pasado, que se encuentra más cerca a la penitenciaria de la ciudad de Concepción, desde donde son trasladados los reos para las audiencias.
Desde hace bastante tiempo ya se instaló en Puerto Casado el tribunal de sentencia integrado por las abogadas Liz Cañete, Mariza Meza y Liliana Ruiz Diaz. La abogada Meza consiguió su comisionamiento a la ciudad de Horqueta sin perjuicio a sus funciones, en tanto Ruiz Díaz logró ser trasladada a Fernando de la Mora.
Ahora la CSJ dispone el traslado del tribunal de apelaciones multifuero integrado por las juezas María Gloria Torres, Mirian Giménez y Fátima Pereira. La disposición también afecta al juzgado de ejecución penal a cargo de la magistrada Rossana Núñez.
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El intendente Sergio Cuéllar consideró los traslados como un verdadero retroceso para que la justicia llegue a todos los pobladores del departamento, en especial a los más pobres.
“Peleamos bastante para conseguir la instalación de la circunscripción judicial a fin de evitar que las personas tengan que recurrir a la ciudad de Concepción, distante a más de 500 km”, señaló.
Es cierto que el traslado se realiza dentro del mismo departamento, pero Fuerte Olimpo es la sede, y, por la distancia en que está Puerto Casado, de nuevo los pobladores de comunidades lejanas quedarán abandonados, agregó el intendente.
Por su parte, el obispo Gabriel Escobar, titular del Vicariato Apostólico del Chaco, lamentó el hecho atendiendo que perjudicará también a varios funcionarios que ya tienen arraigo en Fuerte Olimpo y apostaron a su trabajos instalándose con sus familias.
Por su parte, la abogada María Gloria Torres, presidenta de la circunscripción judicial, dijo que se está viendo la forma de solucionar el inconveniente sin perjudicar a los pobladores y a los funcionarios.