Desde la sentata que inició el pasado jueves la empresaria de transporte Alison Anisimof y a la que se sumaron transportistas de ocho empresas, dejando en paro 160 buses en la ciudad, la protesta continúa.

Anuncian que no levantarán el paro hasta que se firme un contrato por 8 ó 10 años. Entretanto, la Municipalidad endurece su postura y a través de un comunicado anunció que la huelga es ilegal y que no negociará con “chantajes e intentos de extorsión” por parte de los transportistas que, según ellos, no se someten al proceso de licitación pues sus unidades no están en condiciones.

La Comuna advirtió además que, si continúan con el paro, contratarán a otras empresas que remplacen los itinerarios “para no perjudicar a los usuarios”. La contratación de nuevas empresas podría concretarse esta semana, informó la periodista de ABC Color Mariana Ladaga.

Por su parte, los manifestantes dicen que a principios de esta semana se estarían plegando a la movilización otras organizaciones, aunque aún no especificaron de qué gremios serían. Nelson Rojas, presidente de Asetrapace, informó que son G. 800.000 por día los que están perdiendo los ómnibus al no trabajar. Recordemos que suman un total de 160 ómnibus los que están en paro.

La postura de la municipalidad es que las unidades tienen más de 20 años de uso y esto contraviene una ordenanza que establece que las unidades deben tener como máximo ese tiempo. La Asetrapace no niega que los buses están obsoletos, en condiciones mecánicas pésimas, con vidrios rotos y asientos rotos, pero se pregunta cómo renovarán sus buses si el municipio no les garantiza un contrato

Las empresas se habían presentado al llamado a licitación para concesión de líneas, pero ese llamado la Municipalidad lo declaró desierto, alegando que las empresas no habían presentado las documentaciones requeridas. Nelson Rojas, dirigente de Asetrapace, afirma que la intención de la intendenta es que se haga un siguiente llamado a licitación que también se declare desierto, para así completar tres llamados.

La idea, según Rojas, es llegar a esta etapa, pues de esa manera las instituciones públicas tienen la posibilidad de hacer contrataciones directas. Según el transportista, el objetivo sería beneficiar a la empresa Alto Paraná, que -asegura el empresario- pertenece a la familia Zacarías, que utilizaría prestanombres.

Otro de los fines sería, supuestamente, que la empresa Alto Paraná sea beneficiaria del subsidio que el Estado ofrece a los empresarios de ciudad del este. Recordemos que el Gobierno entrega US$ 30.000 por cada vehículo usado que le entrega el empresario, pero para la adquisición de la nueva unidad el empresario debe poner US$ 100.000.

Los transportistas exigen que la municipalidad les firme contratos por 8 ó 10 años, porque sin estos no pueden acceder a la oferta del Estado. Además, al no disponer de los contratos formales, aseguran que nadie les da crédito para adquirir nuevos colectivos.

La municipalidad insiste en que los transportistas tuvieron 30 años de tiempo para renovar sus unidades y que simplemente no lo hacen. Los transportistas alegan que, de esos 30 años, los últimos 15 -en que estuvo al frente la administración de los Zacarías- la concesión a las empresas fue siempre “de palabra”.