Centro de adictos operaba sin habilitación

Desde el mes de junio del año pasado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura venía monitoreando al Centro de Rehabilitación Transformando Vidas, de Capiatá, debido a que presentaba varias irregularidades entre las que se encontraban las precarias condiciones de habitabilidad y atención médica. Incluso, el monitoreo arrojó que había personas que eran esposadas para evitar que salieran del establecimiento.

Tras la investigación, finalmente en el mes de octubre de 2016 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura concluyó la investigación con un informe que ilustraba las condiciones inadecuadas de funcionamiento del lugar, por lo que recomendaron al Ministerio de Salud Pública clausurar el lugar.

Finalmente, tras varios trámites, en noviembre la Superintendencia de Salud dispone la clausura provisoria del centro por resolución del superintendente.

Sin embargo, la característica de “provisoria”, les permitió seguir funcionando pese a la clausura, supuestamente, con la condición de que solo atenderían pacientes en casos de urgencia. Pero siguieron internando pacientes y funcionando normalmente, y esto se refleja en la cifra de su población. Antes de la clausura eran 31; hoy son 38.

En estos siete meses, según la abogada Diana Vargas, del Mecanismo de Prevención de la Tortura, la superintendencia de Salud se mantuvo en contacto con ellos para indicarles las adecuaciones que debían realizar en el lugar. Sin embargo, las condiciones siguieron siendo las mismas.

Aún hasta la fecha, según la abogada Diana Vargas, unos 38 pacientes siguen internados en el sitio, que en la parte de enfrente tiene un cartel de clausurado.

Tristemente, ayer miércoles se dio la muerte de un joven internado en el centro, y como causa probable de la muerte se señala el suicidio.

Ante esta muerte, desde el Mecanismo de Prevención de Tortura reclaman al Ministerio de salud la falta de control del cumplimiento de las normativas, que hace que este tipo de establecimientos arriesgue la vida de jóvenes.

“Es un llamado de atención al Ministerio de Salud. Los pacientes seguían expuestos a una atención precaria que derivó en la muerte de un joven que preliminarmente es caratulada como suicidio”, lamentó la abogada.

Cabe destacar que este centro, pese a encontrarse clausurado, disponía de medicamentos controlados sin supervisión médica, pues no había un médico de planta.