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No solamente hechos de tortura reiterados se registran en esta institución: las condiciones de la infraestructura en que los adolescentes viven de por sí ya constituye un atropello a los derechos humanos y esto quedó registrado tras un recorrido de comisionados del MNP.
Los pabellones presentan serios daños edilicios, sobre todo en el techo, por donde se filtra el agua de lluvia y obliga a los adolescentes a tener que mudar sus camas o colchones para no dormir mojados. En todas las celdas se han observado hasta tres colchones apilados uno encima de otro, lo que revela la falta de camas para los adolescentes.
El estado de abandono del sitio se evidencia a simple vista. Baños destruidos, inodoros taponados, agujeros en el suelo convertidos en basurero y muros infestados de humedad son una constante en todos los sectores. En ese ambiente insalubre sobreviven los adolescentes, sin elementos básicos para la higiene.
Las duchas no tienen agua caliente y, ante la proximidad del invierno y las bajas temperaturas que ya se han registrado en las últimas semanas, los internos han manifestado su disconformidad. Esta situación desemboca en un aseo personal deficiente, sumado a que no existen insumos suficientes para esto; tampoco hay una adecuada provisión de elementos de limpieza.
Las instalaciones eléctricas son precarias y peligrosas, existen sectores donde no funcionan ventiladores o no hay luces.
La precariedad de las instalaciones afecta directamente la salud de los internos; varios fueron vistos con severos problemas en la piel, afecciones como sarna (escabiosis). Otros presentaban rastros de haber recibido balines de goma o heridas tratadas de forma inadecuada.
Los alimentos son preparados en una cocina instalada en un quincho de madera improvisado. El día de la visita se ausentó la cocinera y su lugar era ocupado por un guardia. Tres internos fueron designados para ayudar. El almuerzo es preparado en el patio, sobre una fogata hecha con leña.
Se supone -según el informe- que estas condiciones eran “temporales”, pues las nuevas instalaciones ya están listas; sin embargo, esta situación se repite desde hace al menos dos años. En la visita más reciente, del 30 de mayo, se constató que los nuevos pabellones están preparados para albergar a los internos, pero aún no eran empleados.
El 30 de abril se produjo un amotinamiento debido a las condiciones en que viven, motivo por el cual 21 adolescentes fueron trasladados a otros centros, nueve de ellos, llamativamente, a penitenciarías para adultos, como Tacumbú; el resto, a otras ciudades, alejados de sus familias, como Concepción, Villarrica, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero.
Resulta llamativa esta medida de traslado, pues uno de los ejes principales para la reinserción a la sociedad es que los adolescentes infractores puedan restablecer y reforzar los lazos familiares. Siendo tan distantes los puntos a los que fueron enviados la mayoría de ellos, el vínculo con sus familias vuelve a ponerse en riesgo.
Los nueve remitidos a Tacumbú, tras el amotinamiento, fueron víctimas de golpizas por parte de Bazán y de los guardias Carlos Giménez, Jorge Florentín y Cristian Mereles. Uno de ellos manifestó haber recibido una patada en el pecho por parte del director, a modo de “castigo” por el amotinamiento. Todos contaron que recibían golpes y patadas a medida que entraban en sus celdas.
Más temprano, el ministro de Justicia, Ariel Martínez, criticó la denuncia del MNP, señalando que en anteriores oportunidades ya presentaron denuncias maliciosas con respecto a maltratos. Aseguró que "uno de los guardias que había baleado a jóvenes está detenido. El otro está prófugo".
Sobre las condiciones infrahumanas en que tienen a los adolescentes del Centro Educativo de Itauguá, Martínez se limitó a decir que “el espacio y las condiciones dignas de alojamiento deben ser importantes”.