Como medida de presión, cierran la calle principal General Díaz con sus vehículos. Los manifestantes anunciaron que esta medida de fuerza continuará hasta que reciban una respuesta favorable por parte de las autoridades judiciales.

Cabe recordar que los funcionarios presentaron una acción de amparo en el juzgado de primera instancia para que puedan percibir sus salarios por alguna vía legal, pues, debido a la crisis política que se instaló en la sede departamental, el Ministerio de Hacienda restringe el desembolso de dinero a la institución.

El juez Paternio Vera resolvió no hacer lugar al pedido, argumentando que los operarios no agotaron todas las instancias administrativas. Dicha resolución fue apelada y se encuentra analizando el tribunal de apelaciones de Villarrica.

Al respecto, Alberto Ayala dijo que ya tienen varias deudas acumuladas y que necesitan sus salarios atrasados. "Estamos tomando una medida más drástica porque la situación ya es insostenible. Tenemos deudas, hijos que van a la escuela y necesitamos ya cobrar", dijo Ayala.

Al mismo tiempo, los funcionarios del Policlínico San Miguel, dependiente del presupuesto de la Gobernación, desde ayer realizan una huelga exigiendo el pago de sus haberes correspondientes al mes de setiembre y octubre. Como protesta, disminuyeron los servicios a un 20% y solo atienden casos de urgencia.