La CIDH decidió aceptar el proceso de estudio de la denuncia presentada contra el Estado paraguayo por parte de la defensa de los campesinos que fueron condenados por su participación en la masacre del 15 de junio de 2012 durante la cual perdieron la vida 17 personas (11 campesinos y 6 policías), conocida como el “Caso Curuguaty”.
La denuncia había sido presentada en 2014, bajo patrocinio del abogado y activista de Derechos Humanos español Aitor Martínez. El documento se basa en supuesta violaciones de las garantías procesales y la denegación de acceso a la justicia, derechos reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El primer punto hace referencia la violación del derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, a un juicio con garantías y a la presunción de inocencia y menciona la parcialidad manifiesta con la que habría manejado el entonces fiscal Jalil Rachid, actual viceministro de Seguridad Interna.
En lo que a la denegación del acceso a la justicia se refiere, la denuncia habla de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada, torturas sistemáticas y denegación u omisión de auxilio que los órganos jurisdiccionales se negaron a investigar.
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De acuerdo a la notificación remitida ya por la CIDH a la representación paraguaya ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Paraguay tiene un plazo de tres meses para responder a la denuncia y presentar los alegatos con respecto al caso.
En conversación con ABC Color, el abogado español Aitor Martínez, explicó que una vez que se presenten los alegatos de ambas partes, la CIDH deberá abrir un proceso de análisis del caso, posterior al cual se tomarán las determinaciones que el organismo internacional considere pertinente, entre ellas podría estar presentar una acusación formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nuestro país ya fue condenado por el Consejo de las Naciones Unidas y en una nueva reunión en Ginebra, se ha dado una nueva condena "por la condición parcial y viciada" del proceso.
Días atrás, los abogados defensores de los 11 campesinos procesados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas, presentaron la apelación y pidieron la nulidad de la sentencia del caso, dictada el pasado 11 de julio.
Esta sentencia condenó a los 11 acusados a penas de entre 4 y 30 años de prisión, pese a que la defensa considera que la Fiscalía no pudo demostrar los crímenes por los que fueron imputados.
Los campesinos fueron acusados de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, en relación con la muerte de seis policías de los más de 300 agentes que intervinieron para desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban para pedir que se integrasen a la reforma agraria. La Fiscalía no imputó a nadie por la muerte de 11 campesinos durante la masacre.
El tribunal condenó al acusado Rubén Villalba a 30 años de cárcel y 5 años de medidas de seguridad; a Luis Olmedo, a 20 años de cárcel, y a Néstor Castro y Arnaldo Quintana, a 18 años de prisión. Todos ellos fueron sentenciados en relación con la muerte de los seis policías, y se encuentran en la penitenciaría de Tacumbú, en Asunción.
Además, las tres mujeres acusadas en la causa, Fany Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López, fueron condenadas a seis años de prisión, acusadas de haber actuado como señuelos para disuadir a los policías que participaron en el desalojo, y hoy permanecen bajo arresto domiciliario. Los otros cuatro acusados, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Felipe Benítez y Juan Carlos Tillería, fueron condenados a cuatro años de prisión por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y salieron en libertad tras haber completado su pena desde 2012 hasta hoy.