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Tras su elección como defensor del pueblo, Miguel Ángel Godoy realizó una denuncia a la Fiscalía General por las figuras de estafa y asociación criminal.
El funcionario detectó irregularidades con relación a G. 200 millones que se desprendieron de la firma de un convenio con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que deberían haber sido utilizados para la promoción y difusión de los derechos humanos. Para ello, se había firmado un convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Verdad y Justicia.
En medio de los trámites, que no detallaron en su totalidad, apareció una oenegé que cobró G. 200 millones para realizar los trabajos, pero no se realizó ninguna documentación respaldatoria que indique dónde pueda ir a parar ese dinero.
Es por eso que el nuevo defensor exige una investigación penal.
Además, existe otra denuncia por el cobro indebido de 5.000 millones que se encuentra en la unidad de la fiscal Liliana Alcaraz.
“Esto representa una estafa moral al pueblo paraguayo. Tantos compatriotas han sufrido épocas oscuras en nuestra historia y eso ha sido utilizado para que cobren personas que no lo merecen. No me imagino la angustia que han de tener las verdaderas víctimas del stronismo”, lamentó Godoy, quien aclaró que más allá de merecer o no cobrar, lo que ve como incorrecto son las “artimañas” utilizadas. “No tiene habeas data, no tienen otros testimonios, se debe hacer una investigación exhaustiva”, pidió el defensor.
Al margen de la denuncia, se le consultó cómo encontró la institución a su llegada, a lo que respondió que existía “un caos” en esta dependencia.
“Llamé a mis funcionarios de interior, no vinieron todos. Les pregunté donde hacían oficina, y muchos me dijeron que en sus casas. No hay un sistema de control de oficina, mucho menos de asistencia laboral. Hay demasiados coordinadores y directores, y también funcionarios con muy buena voluntad, pero anestesiados por las circunstancias presupuestarias”, reconoció Miguel Godoy al tiempo de afirmar que a partir de ahora “dará vuelta la página”, con respecto a los cobros indebidos.