Comerciantes se movilizan contra traslado de Terminal de Villarrica

Denuncian un supuesto negociado inmobiliario por parte del intendente Gustavo Navarro (ANR) y la mayoría de los ediles municipales.

Varios empresarios, miembros de la Comisión de Comerciantes que están apostados en los alrededores de la actual terminal de ómnibus en el microcentro de la ciudad, se oponen al traslado de la estación de buses a una zona rural en la compañía Lemos, ubicada a unos 10 kilómetros del casco urbano, sobre la ruta N° 8 "Blas Garay", hacia el sur.

Los manifestantes alegan que la mudanza significaría la muerte comercial de la ciudad, atendiendo a que el principal rubro del pueblo es el comercio, además de la masiva ola de desempleados que ocasionaría.

Los comerciantes proponen que la obra se lleve a cabo en el mismo lugar donde está ubicada la terminal actualmente, con una mejor infraestructura y un reordenamiento de las diferentes calles adyacentes con la estación para evitar el caos vehicular que a diario aqueja a los usuarios.

Asimismo, denuncian que el inmueble donde se llevará a cabo la obra, donado por la familia Coronil, figura en los registros públicos a nombre del concejal colorado Óscar Rubén Martínez Melgarejo, alias “Pirulo”, y que el negocio será lotear los terrenos que se encuentran en los alrededores de dicha finca. Indicaron que varios concejales ya adquirieron algunos terrenos en el lugar, pero figuran a nombre de terceras personas.

Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, el martes pasado, Carlos Coronil, uno de los supuestos dueños del inmueble, participó de la plenaria para intentar explicar por qué donó una propiedad que está a nombre del edil Martínez. Alegó que son amigos de infancia y que en un momento dado se había endeudado mucho en un banco de plaza, por lo que la entidad estuvo a punto de embargarle el inmueble. En ese entonces, el concejal Martínez se ofreció a pagarle la cuenta y como garantía le había transferido la propiedad a su nombre, pero en realidad sigue siendo suya.

Por su parte, Martínez confirmó la versión de Coronil y expresó que no tiene inconvenientes en volver a transferir la propiedad a su nombre y llevar a cabo la construcción de la terminal en dicho lugar. También explicó que la ley no permite que un legislador contrate con el Estado; sin embargo, dijo que no prohíbe expresamente la donación. Asimismo, negó categóricamente que se esté tratando de negociar con dicha obra.

Finalmente, la corporación legislativa, por mayoría de 9 votos contra 3, volvió a ratificar y recomendar al ejecutivo que la obra se lleve a cabo en dicho lugar en la zona rural, para que la ciudad se extienda hacia ese sector.

Por otro lado, el intendente Gustavo Navarro (ANR), en su momento negó las acusaciones de los comerciantes, alegando que entiende la preocupación de los mismos, ya que sus principales ingresos son generados por los usuarios de la terminal. Sin embargo, explicó que debe primar el interés general sobre el particular, como también el progreso y desarrollo de la ciudad con su extensión hacia el sur y dar oportunidad a los pobladores de la zona rural.

Comentó que hace más de tres periodos de gobierno se intenta construir una nueva terminal, pero por cuestiones de lugar y dinero no se pudo, además de la oposición de los comerciantes.

Sin embargo, indicó que hoy día cuenta con unos G. 4.000 millones en caja y un terreno de 2 hectáreas donado donde llevar a cabo la obra y que tiene que iniciarse lo antes posible, ya que hay buen entendimiento con sus concejales y se aproximan las elecciones municipales, donde cada quien llevará agua a su molino y se perderá ese entendimiento, resaltó.

Finalizó diciendo que solo se aguarda los estudios de suelo, impacto ambiental y otros, para poder llamar a licitación e iniciar la obra en un tiempo estimado de dos meses.