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“Es grave, a mi parecer, y de la Contraloría porque nuevamente es desoír lo que una ley orgánica establece. La Contraloría fue constituida por la Constitución Nacional y tenemos la ley orgánica 276, que es de cumplimiento de carácter obligatorio”, indicó la directora general de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría, Ilse González, sobre la actuación de Conajzar, pese a una recomendación contraria de la Contraloría.
La ley 276/94, que estipula la funciones de la Contraloría, establece taxativamente en su artículos Artículo 16: “En el ejercicio de sus funciones ante los organismos o instituciones sometidas a su control y fiscalización, la Contraloría General, a falta de una definición sobre procedimientos, podrá interpretar las disposiciones administrativas y reglamentarias cuyo cumplimiento verifica, conforme a la naturaleza, objeto y funciones de las instituciones. Sus conclusiones, recomendaciones y dictámenes serán de cumplimiento obligatorio para todos los organismos sujetos a su control, en casos similares”.
“No tenemos poder coercitivo de establecer penas, pero sí tenemos ese carácter de prohibición de resguardo al bien público”, agregó González, quien explicó que justamente solicitaron la suspensión del acto licitatorio para indagar sobre al menos tres denuncias hechas por ciudadanos identificados.
“Lo que hace la Contraloría es controlar que todo bien público sea bien utilizado y eso de suspender ayuda a eso. Ustedes pueden ver que esto está continuando y mientras se está realizando vamos a ir verificando. Si estaba suspendido, después podría continuar con este resguardo”, remarcó González ante la irregularidad.