Los candidatos que se presentaron esta mañana en la Sala Bicameral del Congreso, ante los miembros del Consejo de la Magistratura, integrantes del tribunal de honor, la ciudadanía y miembros de los medios de comunicación, expusieron sobre sus proyectos a ser impulsados si llegan a ocupar el cargo de ministro de la Corte, en reemplazo de Víctor Núñez.
Los cinco que se presentaron son: el juez Manuel Aguirre Rodas, Irma Rumilda Alfonso de Bogarín, José Francisco Appleyard Herrero, Arnulfo Arias y Janice María del Rocío Ayala Girala. En el siguiente apartado te presentamos los cuestionamientos a los postulantes y las respuestas, además de propuestas de los mismos.
La audiencia inició con el juez penal de sentencia Manuel Aguirre Rodas, contra quien la ciudadanía remitió una denuncia por ser parte del tribunal del primer juicio por el incendio del supermercado Ycuá Bolaños, donde los dueños fueron condenados por homicidio culposo. “Fui sorteado como magistrado por inhibiciones de mis colegas, pero no sabía que iba a estar condenado por los medios y la ciudadanía; me reafirmo en ese criterio, no reniego de haber estado en esa causa. Tal vez sí por la persecución que sufrieron mis familiares, si volviera a ocurrirme lo mismo, de intervenir en una causa similar, de no existir garantías, por mi familia, si no hay garantías, saldría de mi trabajo”, expresó. Los jueces Helio Ovelar y Manuel Aguirre fueron los jueces que estuvieron a favor de calificar el hecho como homicidio culposo, no así la jueza Dody Báez, que estimó que el hecho configuraba un homicidio doloso.
Por otro lado, el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, consultó al magistrado sobre cómo calificaría los actos cometidos por el autodenominado EPP, a lo que Manuel Aguirre contestó: “El EPP, un grupo subversivo de tinte cuasiterrorista o terrorista, ideologizado como fundamento de sus acciones, por lo que yo considero que el EPP, en cuanto a su calificación, merece la del delito permanente; por su estructura, por su organización, por su presencia, sus amenazas y sus acciones, porque no son esporádicas, sino continuas, por tanto cometen delitos de carácter permanentes, en cuanto a los llamados delitos continuados. Más bien obedece a otro tipo de estructura organizacional... Se refiere a bandas que se asocian para planificar hechos punibles comunes relacionados a robos u homicidios, o que van sumando en forma alternativa; eso lo que entiendo por delitos continuados. El EPP no es un asociación criminal, es una organización política con ideologías extremas, con acciones de tinte terrorista”, afirmó.
La segunda en subir al podio fue la camarista de la Niñez y Adolescencia Irma Alfonso de Bogarín, quien fue consultada respecto a una falta de política de disminución de la violencia de género. La camarista señaló la necesidad de una modificación de leyes, la defensa efectiva de los derechos de la mujer, a fin de que logren la finalidad requerida.
Sobre reducir la edad penal, Irma Alfonso mencionó que según el Código de la Niñez y Adolescencia, a partir de los 14 años, atenuada hasta los 17 años, un menor es punible, por ello según su criterio,“la reducción no sería un instrumento válido para ayudar a disminuir la criminalidad juvenil. (Debemos) olvidarnos que energizando la acciones en la reducción de la edad penal..., centrémonos en actividades preventivas, más prevención y menos represión, más política preventiva y menos política criminal”, aseveró.
Algunos de los presentes cuestionaron la presencia de familiares de la camarista dentro del Poder Judicial, entre ellos hermanos, hijos y sobrinos. Al respecto, la misma expresó: “Aseguro que mis parientes, de quienes estoy orgullosa, cumplieron los requisitos para ocupar esos cargos. Mis padres se han preocupado de hacerlos trabajar y estudiar a la vez; todos somos egresados de la Universidad. La mayoría sigue la carrera de Derecho”, indicó la camarista.
También indicó que sólo se dedicará a ejercer de ministro, ya que no está de acuerdo con que un miembro de la máxima instancia judicial sea decano de una facultad o enseñe siete u ocho cátedras. “Cuál es el tiempo que le restaría a un ministro de la Corte que cumple estas funciones, que en su mayoría son administrativas”, acotó Appleyard. Antonio Fretes es ministro y decano de la facultad de Derecho de la UNA.
Respecto a la injerencia política en la resolución de conflictos judiciales, Appleyard mencionó la intervención en el Consejo de la Magistratura del factor político. “Para mí es negativo, uno de los cuestionamientos que tienen muchos respecto al Consejo es que hay senadores y diputados que forman parte del Consejo, votan para elegir la terna, posteriomente en el Congreso vuelven a votar para elegir el candidato... Esa dualidad creo que de por sí es un contrasentido... La política es pasión y la justicia razón, la política con la razón nunca van de la mano”, señaló.
“No existe ningún miembro de mi familia que trabaje en el Poder Judicial; por ellos asumo un compromiso de no nombrar a mis hijos como secretarios privados, a mis sobrinos relatores, porque no estoy de acuerdo y nunca lo estuve”, sentenció el doctor José Appleyard.
Arnulfo Arias, camarista en lo penal, quien en su presentación realizó un relato histórico sobre su paso en el Poder Judicial, citó algunos casos emblemáticos donde estuvo, como la condena a Pastor Coronel. “Revoqué una resolución donde otorgaban las medidas alternativas a Juan Arrom y Anuncio Martí, y se resolvió la prisión de los mismos, que finalmente antes que se cumpla la orden de nuestra resolución abandonaron el país”. En el caso del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, por defraudación, “mi voto fue en forma separada, convencido de que evidentemente -con el informe del Banco Central- no existió daño patrimonial en toda la ayuda económica que se había hecho a los bancos; definitivamente la causa está definida, por ello Wasmosy fue sobreseído. Si vuelvo a juzgar la causa lo haría de la misma manera”, sentenció.
También le tocó el turno a la defensora pública Janice Ayala de Girala, quien habló sobre su tesis de notario público y la no necesidad de tener testigos cuando el mismo está autorizando una escritura pública.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Enrique Riera Escudero, indicó que de los postulantes que expusieron en la fecha, tres tuvieron denuncias concretas. El Dr. Manuel Aguirre Rodas debió responder a dos, una por su fallo en el caso Ycuá Bolaños y la segunda por haber demorado la libertad de un ciudadano que ya compurgó su pena. En tanto, la Dra. Irma Alfonso de Bogarín fue denunciada por nepotismo, ya que en el Poder Judicial tendría trabajando a 17 de sus familiares. El Dr. Arnulfo Arias a su vez recibió una denuncia por el sentido de uno de sus fallos.
Este miércoles 11 de febrero continúan las audiencias públicas en la Sala Bicameral del Congreso Nacional. En la ocasión expondrán Pablo Bareiro Portillo, Fernando Beconi Ortiz, Jorge González Bogarín, Gustavo Boveda Romero y Gilda Burgstaller.