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CAAZAPÁ. El atentado en contra de Casco Ferreira fue frente a su vivienda y negocio ubicada en pleno centro de la ciudad de Yuty. Según los datos, el tribunal encontró probada la autoría de los disparos con alevosía de Luis Javier Ayala en contra de la víctima. El condenado disparó tres tiros a la espalda de Casco Ferreira en la mañana del 14 de abril del 2014 y posteriormente huyó en una motocicleta hasta un lugar donde le esperaba otra persona.
Tres días después del asesinato fue detenido Luis Javier Ayala y confesó ser el autor material de los disparos que acabaron con la vida de Casco Ferreira y mencionó que fue contratado por dos policías identificados como Miguel y Ángel Vera (hermanos) para ejecutar el crimen. Los dos uniformados fueron procesados pero fueron desvinculados posteriormente del caso porque las evidencias que entregó el ahora condenado fueron robadas de las oficinas del juzgado de garantías de Yuty a cargo del magistrado Waldemar Ortiz.
Por otro lado, el cómplice de Luis Javier Ayala Víctor Danieli Arce, quien estaba procesado como instigador, fue absuelto debido a que las pruebas presentadas en su contra no fueron suficientes y el robo de las evidencias como los teléfonos celulares que no fueron peritados benefició al procesado.
El tribunal de sentencia fue presidido por el magistrado César Acosta Maldonado e integrado por los jueces Carlos Antonio López y Ernesta Nelly Alderete. La fiscal del caso es Rosa María Arzamendia, actuó como abogado de la querella adhesiva Julio Fernández. Por otro lado el defensor del ahora condenado fue Favio Ramos, un profesional de derecho prestigioso en la ciudad de Villarrica, cuyo servicio no es barato, según los datos.
El abogado de la querella, Julio Fernández, dijo que lamentablemente no se pudo llegar a los autores intelectuales del homicidio a consecuencia del robo de las evidencias del juzgado de garantías de Waldemar Ortiz, pero quedó demostrado que es un asesinato por encargo o sea un sicariato puro y que el ahora condenado tenía que cobrar 25 millones de guaraníes por el "trabajo". La fiscal del caso había solicitado 20 años de encierro pero finalmente la condena fue de 17 años.