La recusación había sido presentada por el abogado Richard Daniel Chamorro Alvarenga contra el fiscal adjunto Roberto Zacarías, coordinador del equipo del Ministerio Público conformado por los fiscales María Raquel Fernández, Liliana Zayas, Eugenio Ocampos, Aldo Cantero, María Estefanía González, Jorge Noguera, Yolanda Portillo, Liliana Lorena Ledesma y Giovanni Grisetti.

 Se trata de la causa por presunta fabricación de bombas molotov en el local del Partido Liberal Radical Auténtico, hecho punible configurado como infracción a la Ley 4036 de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines.

“La decisión de iniciar formalmente un proceso o llevar adelante diligencias y actos investigativos propios de la actividad fiscal por parte de los representantes del Ministerio Público, son facultades exclusivas conferidas a esta institución por el ordenamiento jurídico procesal vigente y su utilización no puede ser tomada como un motivo para lograr el apartamiento de un agente fiscal”, explica parte de la justificación.

 La Fiscalía General comunicó el rechazo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que debe resolver la recusación presentada contra el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. En el documento el Ministerio Público sostiene que “la Fiscalía General del Estado rige su actuación fiel a las disposiciones legales y no existe un solo elemento válido que sustente una hipótesis contraria, situación que se haya en consonancia con la total carencia argumentativa de la pretensión introducida por esta vía”.