Justo un 3 de febrero, día en que se recuerda el movimiento militar que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, la Policía Nacional pone nuevamente en vigencia la nefasta “orden superior”.
Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados llegaron ayer a la compañía Yaku’i Guazú, distrito de Mayor Otaño, para observar en el terreno la operación que lleva adelante la Policía Nacional en un conflicto en que se encuentran involucrados el senador Óscar González Daher (ANR) y su esposa, la escribana Nélida Chávez.
La intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados es resultado de una convocatoria realizada al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. El viceministro Lorenzo Lezcano y el subcomandante Carlos Rojas estuvieron presentes en la sede del Parlamento Nacional en la mañana del jueves, en una reunión presidida por la diputada Olga Ferreira de López, titular de dicha comisión.
En la mañana de ayer, llegaron hasta la propiedad de la familia Raiter el Abog. Héctor Lacognata, asesor; Rolando Mencia, asesor jurídico; y Julio Palacios, todos ellos de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.
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Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter arrendaron un inmueble a la firma Sienna SA para producción de granos. El Grupo Favero, con apoyo del senador Óscar González Daher, intenta apropiarse de la cosecha reclamando el pago de deudas.
El Grupo Favero presentó ante estrados judiciales una demanda contra los Raiter, con base en hipotecas montadas por las escribanas Nélida Chávez y María Teresa Rodríguez. Los Raiter denunciaron la falsificación de sus firmas y una pericia del Ministerio Público confirma que sus rúbricas fueron falsificadas. Nélida Chávez es la esposa de González Daher.
Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos entrevistaron a personas que fueron golpeadas y torturadas en una operación policial que tuvo lugar el 26 de enero último; luego se trasladaron hasta la propiedad donde la Policía Nacional se encuentra instalada sin orden judicial.
Allí comprobaron que los efectivos policiales no permiten la cosecha de granos, inclusive que las patrulleras se movilizan detrás de las cosechadoras realizando peligrosas maniobras que ponen en peligro la vida de los agentes.
Al entrevistarse con oficiales a cargo del operativo, pidieron copia del documento que sirve de sustento legal a la intervención. Los oficiales en el terreno se limitaron a decir que “tenemos órdenes superiores” sin exhibir un papel que pudiera servir de aval.
Con posterioridad se presentó el comisario Fidel Godoy, jefe de operaciones en Itapúa. Tampoco supo explicar qué sustento legal tienen para estar dentro de un inmueble privado e impedir la cosecha de granos. Se limitó a decir: “Estamos cumpliendo órdenes”, para luego agregar: “Hay un litigio judicial y mientras eso no se solucione nosotros tenemos órdenes de no permitir la cosecha en esta propiedad”.
Ante el cúmulo de documentos presentados por los abogados de Sienna SA, que demuestran la propiedad de los granos, el comisario Godoy dijo: “Que venga aquí la jueza de la causa y ordene que nos retiremos. Si la jueza no llega a esta propiedad a dar esa indicación, nosotros vamos a seguir”.
La jueza Rossana Verón de Arca impuso el pasado 26 de enero una medida cautelar en favor de Sienna SA y ordenó a la Policía Nacional la protección de los empleados de la firma. El oficio fue remitido a la jefatura departamental de Policía a las 12:37 del día mencionado.
El comisario Fidel Godoy, desafiando el mandato judicial, considera que no es suficiente un oficio. “Que venga aquí la jueza”, es su instrucción dirigida a la magistrada Rossana Verón de Arca.
Justo ayer, 3 de febrero, aniversario del derrocamiento del dictador Stroessner, la Policía Nacional confirma la vigencia de la “orden superior” ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.