Anoche, dos grupos de ciudadanos protagonizaron incidentes cerca de la Junta de Saneamiento de San Antonio. Uno de ellos ingresó al predio forzando los portones y se atrincheró en el sitio, mientras que el otro permaneció en la zona expectante, informó el periodista Víctor Ruiz.
Por parte de los que ingresaron al sitio, Leonor Fretes, usuaria de la aguatera, manifestó que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) pretende adueñarse de la Junta de Saneamiento y denunció que la agente fiscal local, María José Pérez, amenaza con sacarlos de ahí de mala manera.
En otro momento, dijo que la junta, que funciona desde 1976, es privada porque el predio en el que se erigió se consiguió a través de donaciones de los vecinos. Expuso que serían aproximadamente 8.500 los usuarios que dependen de esta y “no le queremos a la Essap porque es ineficiente y hasta ahora no tenemos problemas por falta de agua”.
Mencionó que la Essap tiene un solo pozo en la ciudad y por eso quiere adueñarse de la junta, que cuenta con 10, y que con ese fin supuestamente se están sustrayendo los motores que bombean el agua. Según dijo la mujer, gente de la estatal “ingresó con una medida cautelar que solo les duraba 24 horas porque no tienen título de propiedad”.
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En su momento, Pablino Molinas, dirigente de la Asociación de la ex Junta de Saneamiento de Cerrito-San Antonio, manifestó que su grupo está apoyado por Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop) y que para ellos es gravísimo lo que ocurre.
Ante la toma de la junta de saneamiento estatal, maneajada por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), expresó su preocupación por temor a que la turba tenga intención de envenenar el líquido que es distribuido a unas 12.000 familias entre Ñemby y esta ciudad.
Luego, denunció que el grupo que se encuentra dentro de la junta estuvo encabezado por el concejal municipal Ramón Palacios, quien por ocho años “estuvo manejando discrecionalmente, sin control ciudadano ni del Estado la Junta de Saneamiento”. Señaló además, que Palacios administró la suma de G. 35.000 millones con la que “creó un blindaje político no solo en San Antonio, sino a nivel nacional para mantenerse en la Junta”.
Con relación a la acción de los “atrincherados”, dijo que pudieron haber sido pagados por el edil, para de esta manera frustrar la auditoría que tiene prevista realizar la Essap en la junta. Sobre la situación de Palacios, reveló que en la fiscalía “tenemos 25 denuncias de hechos punibles contra él, que las fiscalas María José Pérez y Laura Ávalos no le dieron seguimiento”. Una de ellas es por malversación y otra por haber agredido y lesionado gravemente a una persona con discapacidad.
Poco después de la 01:00 de este sábado, la agente fiscal María José Pérez llegó en compañía de agentes policiales de la Comisaría 24ª Central hasta la junta de saneamiento. Allí instaron a salir a los que atropellaron el lugar, pero recibieron una negativa.
Inmediatamente, la representante del Ministerio Público les comunicó que serán imputados por resistencia, solicitando a la fuerza policial que proceda a desalojarlos. Fueron dos mujeres, una de estas Leonor Fretes, y un hombre quienes fueron sacados a la fuerza por los uniformados.