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El objetivo de los indígenas es impedir al empresario sojero Plinio Pereira, exgobernador de Itapúa, ingresar al lugar para cosechar un cultivo de soja que reclama como suyo.
“Estamos en pie de guerra acompañando a nuestros hermanos indígenas que son víctimas de un atropello”, dijo una mujer, vecina de San Rafael del Paraná, que se sumó al contingente de personas que desde la noche del domingo instaló un campamento en el único camino de acceso al asentamiento.
Los pobladores se declararon en “pie de guerra”, y tienen el acompañamiento y el apoyo de las autoridades comunales.
La intendenta de San Rafael del Paraná, Gladis Rivarola (PLRA), encabezó un grupo integrado por vecinos, concejales municipales y concejales departamentales que en la mañana de este lunes llegó al Palacio de López a plantear el problema al presidente Mario Abdo Benítez.
El conflicto entre el empresario y los nativos se remonta a hace varios años. Pereira se declara dueño de una fracción de 448 hectáreas de tierra que le fue cedido por el supuesto propietario, Antoliano Sánchez.
En noviembre pasado, acompañado de un contingente policial, Pereira ingresó al asentamiento indígena con el propósito de sembrar soja, con el apoyo económico del empresario Javier Zavala.
El problema se agudizó cuando, el miércoles de la semana pasada, la Policía impidió el ingreso al predio a un grupo de vecinos que apoya a los nativos. Al frente de ese grupo se encuentra otro cultivador de soja, César Núñez, quien tendría cultivadas unas 240 hectáreas en el mismo sitio reclamado por Pereira.
Ahora el problema es quién cosecha la soja, y la tensión sube a medida que transcurre el tiempo debido a que se puede perder el producto si esto no se resuelve.
El cacique de la comunidad indígena, Heriberto Fernández, sostuvo que el cultivo de soja les pertenece, porque fue cultivado por ellos en asociación con Núñez, y acusó a Pereira de pretender adueñarse del cultivo ajeno con apoyo policial.
El conflicto por las tierras en Makutinga, que los nativos definen como un asentamiento ancestral, es de larga data.
El predio tiene 763 hectáreas y estaría inscrito a nombre del Instituto Nacional del Indígena (Indi) en la Dirección General de Registros Públicos como finca Nº 632, del distrito de San Rafael del Paraná.
Sin embargo, las tierras, o parte de ellas, son reclamadas como propias por una persona identificada como Antoliano Sánchez. El conflicto legal ya lleva más de 15 años sin resolver.
Sánchez, a su vez, cedió sus supuestos derechos sobre el inmueble a Plinio Pereira, y este acto jurídico fue homologado el 28 de febrero de 2018, por A.I. Nº 1117/2017/01, dictado por el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de Encarnación, según informó el abogado de Pereira, Sergio Patiño.
En noviembre del año pasado, Pereira, asociado con el empresario Javier Zavala, con una custodia de más de 50 efectivos policiales, ingresó al lugar que dice le pertenece para la siembra de soja, en una fracción de unas 448 hectáreas, que serían las tierras que le fueron cedidas por Sánchez.
Para el ingreso, Pereira se valió de un oficio judicial de fecha 28 de abril de 2016, por el cual la jueza de primera instancia en lo civil y comercial del quinto turno de Asunción, Julia Rosa Alonso, comunica la vigencia de una medida cautelar dispuesta por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, por la cual se autoriza a Antoliano Sánchez la explotación agrícola del predio.