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La Contraloría General de la República hizo reportes y denuncias entre 2016 y 2018 sobre presuntos hechos punibles detectados en instituciones públicas auditadas, por un monto de G. 45.912 millones, que sería presunto perjuicio patrimonial al Estado.
De acuerdo al informe presentado por la Contraloría, en abril de 2016 reportó un posible perjuicio patrimonial de más de G. 3.000 millones en la Senavitat; en diciembre de 2017 informó sobre un caso similar en el Ministerio de Salud, pero por un monto superior a los G. 17.000 millones y en noviembre del año pasado, un faltante de G. 11.000 millones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre los casos más resaltantes.
Al respecto, García mencionó que la Fiscalía concluyó “que no hay méritos para abrir un proceso penal”, pero luego requiere información complementaria, que por ley está subordinada a la existencia de un proceso penal que es obligación de la Fiscalía, informó Ariel Espinoza, periodista de ABC Color.
“Es falso publicitar que el proceso está paralizado por la Contraloría, cuando es el Ministerio Público el que señala que no hay méritos para un proceso”, criticó.
Afirmó que la Contraloría “no es un órgano de investigación ni auxiliar de una actividad voluntarista del Ministerio Público fuera de los margenes de su responsabilidad reglada”.