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A través de la nota N° 1148, el contralor general de la República, José Enrique García, solicitó la remisión de documentos e informes sobre la anterior arrendataria de Acepar, la empresa brasileña Vetorial, que después de tres años de explotar la acería (2014-2017) se fue del país dejando millones de dólares en deudas. Dejó "clavos" de US$ 3 millones con carboneros, US$ 5 millones con distribuidores de varillas, US$ 6,5 millones con Acepar por cuotas impagas de arrendamiento y hasta US$ 1,5 millones con la Ande.
El ente contralor también pide informe respecto a las empresas que han manifestado interés en el arrendamiento futuro de Acepar, acompañado de las respectivas ofertas, así como el estado actual de las negociaciones con las mismas. Según los datos, dos firmas analizan invertir en la fábrica a cambio de un arrendamiento, ellas son la china “Henan Complant Mechanical & Electrical Equipment Group Co Ltd (HCME)”, cuyo representante legal para Sudamérica es el Ing. Pavel Aracena Vargas, de Bolivia, y la empresa con capital indio que está radicada en nuestro país con una fábrica en Villa Hayes, Vemarcorp, cuyo CEO es Paulo Cardozo.
El documento entregado hoy al administrador judicial de Acepar, José Luis Vinader, también hace referencia al pedido de informe sobre el alcance de la participación en las negociaciones actuales de la coordinadora, integrada por el Sindicato de Trabajadores y Obreros Siderúrgicos, el Sindicato de Trabajadores de Acepar y la Asociación de Funcionarios. Estos gremios están participando activamente en favor de que se acepte la oferta de HCME, que dice estar dispuesta a invertir US$ 100 millones en la planta pero que no desea pagar US$ 5 millones como garantía de fiel cumplimiento de contrato.
De acuerdo con la información oficial, Acepar era una empresa pública hasta 1993, cuando fue entregada al consorcio privado Cosipar, constituido principalmente por el cuestionado empresario ítalo argentino Sergio Tasselli (Cerro Lorito) y la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cootrapar). Ante los verificados incumplimientos de las condiciones acordadas con el Estado, en 2013 se frenó el proceso de privatización y se ha intentado desde ese año que la empresa vuelva al sector público. Este proceso se está llevando a través de un arbitraje que, empero, no ha avanzado en gran medida.