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El pasado 31 de agosto la Contraloría emitió una nota en la que reclamaba e insistía a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) un informe solicitado este año. Esta secretaría, dependiente del Ejecutivo, le "recordó" en respuesta al contralor Enrique García que su propio funcionario trabó el informe requerido, alegando que desconocía el motivo por el cual lo habían solicitado.
La Seprelad indicó que ellos ya habían respondido y le habían solicitado a la CGR una reunión para coordinar el intercambio de información sensible. Esa reunión ya se concretó el 12 de julio, durante la administración del gobierno anterior, donde Raquel Cuevas representó a la Seprelad y César Núñez a la CGR.
Según Seprelad, Cuevas comunicó oficialmente que no respondió el informe ya que, como consta, el propio funcionario de Contraloría le dijo que “no estaba en conocimiento del objeto de la solicitud realizada” y por ello dejaron pendientes una nueva reunión de coordinación.
Finalmente la Secretaría contra el lavado de dinero comunicó que la nueva administración puso a disposición de los que requieran al Director de Análisis FInanciero “A”, Guillermo Preda, para finalmente concretar las reuniones que se requieran para fijar los nexos de intercambio de información.
Estas “descoordinaciones” fueron aprovechadas por la Contraloría para beneficiar a políticos investigados, como Óscar González Daher. En la investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, la Contraloría no solo consideró “regular” la fortuna de G. 8 billones del Clan González Daher, sino que tampoco tuvo en cuenta los lapidarios informes de Seprelad.
La Contraloría supuestamente había auditado la declaración jurada del exsenador luqueño y no solo le permitió corregir las alevosas irregularidades, sino que admitió un dictamen del perito contratado por el propio político. Para cumplir con las formalidades y con un inusitado apuro, el 13 de febrero la CGR había emitido una nota pidiendo a Seprelad un informe sobre las cuentas de González Daher, para apenas 3 días después solicitarle una reunión y ahí culminaron sus insistencias.
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Sin esperar una respuesta –pese a la importancia de los datos–, el 5 de marzo la Contraloría ya cerró su auditoría a los bienes de González Daher, “encontrando correspondencia entre ingresos y bienes”. Finalmente, la Fiscalía sí tuvo el tino de admitir el informe de Seprelad que advertía del presunto delito de “lavado de dinero” e imputó al legislador y ordenó su prisión provisional.