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“No existe la mentada resistencia a proveer. Existe una disposición legal que nos obliga a ajustar los actos administrativos a lo que dice la ley”, dijo Núñez a ABC Cardinal. Explicó que la Ley 5.033 de 2013, en su artículo 3 numeral 5, establece que las copias de declaraciones juradas deberán ser requeridas al órgano jurisdiccional. “Eso se refiere a un jurado competente”, acotó.
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Expone que, de acuerdo a la ley, las declaraciones juradas son sometidas a un proceso de contrastación de rentas o bienes al entrar y al salir de la función pública, o cuando existe un proceso judicial que amerite dicho análisis.
En materia de derechos penales -dice Núñez- el principio de conductas penales dice que "el Estado no puede intervenir en mi conducta salvo aquellas que no estén previstas en las leyes. Esto sucede al contrario en el servidor público, quien solo puede hacer aquellos actos administrativos expresamente previstos en la ley, y en materia de declaraciones juradas, solo se puede proveer por orden judicial.
“Qué beneficio o interés podría tener la Contraloría en ocultar o no proveer, si somos simples depositarios de esos documentos”, refirió.
Núñez mencionó que, mientras subsista la Ley 5.033, “nuestra obligación como servidores públicos es adecuarnos a esa ley”, por lo que esa información solo se da a pedido de un juez competente.